Las violaciones de derechos humanos e impunidad han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018, señala el reporte de Human Rights Watch (HRW).
Las torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos, se mantienen, de acuerdo al informe 2021.
Destacó que López Obrador ha ampliado considerablemente el ámbito en el que actúan las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos.
‘La implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad’, menciona el documento.
La ONG’s en su apartado de abusos militares y ejecuciones extrajudiciales refirió, que en gobiernos anteriores, encomendar las tareas antes mencionadas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos.
Sobre el sistema de justicia penal, HRW, apoyada con datos de la ONG México Evalúa, señala que solo el 5.2 por ciento de los delitos cometidos en el país son resueltos.
HRW critica a la Fiscalía General por no haber ‘implementado nunca propiamente la reforma de 2018’, destinada a hacer que la oficina fuera más independiente del gobierno y más responsable con las víctimas y sus familias.
Las múltiples deficiencias en materia de justicia que se denuncian en el documento de HRW influye directamente en las desapariciones porque miles de personas desaparecen cada año en México.
‘La policía, los militares y grupos criminales son los responsables por muchos de esos casos’, asegura.
Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos
Periodistas y defensores de derechos humanos —especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos— han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y organizaciones delictivas.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán en cuanto a cantidad de asesinatos de periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras.
En 2020, periodistas registraron 692 amenazas, ataques u otras formas de agresiones. Este sería el año con la cifra más alta registrada hasta el momento. La organización Article 19 informó sobre cinco periodistas asesinados en circunstancias relacionadas con su trabajo entre enero y septiembre de 2021.
COVID-19
El gobierno de López Obrador no ha adoptado muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud globales para limitar la propagación del COVID-19.
El funcionario a cargo de coordinar la respuesta de México se ha referido a las pruebas de detección a gran escala como ‘inútil[es]’ y ‘un desperdicio de tiempo’, a pesar de la insistencia de la Organización Mundial de la Salud acerca de la importancia de realizar pruebas.
Como resultado, México tiene una de las tasas más bajas de pruebas de COVID-19 —y una de las tasas más altas de resultados positivos— en el mundo. Funcionarios y expertos coinciden que la estadística real de contagios y muertes por COVID-19 probablemente es varias veces mayor que la cifra oficial.
México: política sobre el cambio climático
Como uno de los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, México está contribuyendo a una crisis climática que afecta cada vez más los derechos humanos en todo el mundo.
López Obrador se ha opuesto abiertamente a la producción de energía eólica y solar. Ha prometido rescatar las industrias de carbón y petróleo de México y ha introducido reformas que favorecen a las centrales eléctricas estatales que dependen de combustibles fósiles por encima de fuentes de energía renovable.
‘Es posible que la iniciativa ‘Sembrando Vida’ de López Obrador, que este publicita como un componente central de su estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, haya provocado la pérdida de 72 mil hectáreas de bosque’, consideró.
Human Rights Watch señala que un control inadecuado permite a los beneficiarios talar bosques y luego recibir pagos del gobierno para plantar árboles.
‘En noviembre de 2021, López Obrador anunció falsamente que un acuerdo que busca poner fin a la pérdida de bosques para el año 2030, alcanzado en la cumbre global sobre el clima celebrada en Glasgow, había sido inspirado por ‘Sembrando Vida’. Las medidas del gobierno para frenar la deforestación ilegal han disminuido drásticamente en los últimos años’, aseveró.
Con información de Agencias
Foto: Presidencia / Twitter/ Pixabay