¿Con qué cara se atreven algunos concesionarios del transporte público de realizar un boicot al servicio en el municipio de Puebla?
¿Cómo es que se atreven a boicotear a sus clientes, los usuarios del transporte, y darles en la madre y retrasarlos para llegar tarde al trabajo, a las escuelas, a las madres de familia a recoger a sus hijos?
¿Qué carajo se creen los pocos pero ruidosos concesionarios chantajistas para paralizar media ciudad con su absurda e injusta manifestación?
Son dudas que tiene el reportero pero sobre todo los usuarios del servicio de transporte que se vieron afectados durante horas en diversas zonas de la ciudad, comenzando por el nororiente.
Pero aún hay más:
¿Cómo se atreven a exigir un alza en la tarifa del transporte cuando está claro que el servicio en general es pésimo, inseguro, atropellan a ciclistas y a peatones y lastiman a la tercera edad e ignoran a los discapacitados?
Los concesionarios que están usando este “movimiento” como chantaje en contra del gobierno del estado están dementes si creen que los usuarios están dispuestos a pagar uno dos o más pesos a cambio de un pésimo servicio.
Los concesionarios que ayer se manifestaron están francamente desquiciados porque en ninguna estrategia política o gremial se pueden atrever a desafiar al estado a 20 días de entregar la administración.
Pésima fue la imagen que generaron estos pocos concesionarios, quienes recibieron las críticas de los usuarios del transporte y de empresarios que sí están de acuerdo con lo que se cobra actualmente.
El precio del servicio no puede aumentar de ninguna manera y el gobernador Tony Gali no accederá a las presiones de estos seudo concesionarios que pudieron provocar tragedias completas entre miles de familia este martes.
Ya lo declaró ayer Alberto Vivas Arroyo, subsecretario de Transportes, quien calificó la propuesta como inviable y aseguró que fue desechada por el titular del Ejecutivo, Tony Gali.
Son sólo 67 concesionarios los que solicitan este aumento, “desproporcional” y que atenta contra la economía familiar.
Y lo mejor: el subsecretario anunció que se podrían iniciar procesos de revocación a los títulos de concesión como sanción por afectar a los usuarios al no prestar el servicio.
Pésimo fue el resultado con respecto de las aspiraciones de los transportistas, pero peor fue el efecto que generaron entre autoridades estatales y municipales que azoradas sufrieron a estos seudo concesionarios.
Nunca puedes gestionar con una autoridad presionando con una pistola en las manos. Claramente el objetivo del paro fue político.
Mucho se ha dicho de la posible complicidad de transportistas con los asaltantes del transporte público.
Con acciones como las de ayer sólo demuestran que estas hipótesis pueden ser válidas sobre todo porque no les importa afectar a sus clientes, los usuarios, con tal de salirse con la suya.
Por eso, ni un peso más a la tarifa del transporte, pues no se ponen a hacer cuentas de cuánto paga una familia promedio para trasladar a sus hijos a las escuelas o los padres al trabajo.
¡Es el colmo!
Gracias y nos leemos el viernes, si es que las mafias del transporte público lo permiten.
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