La Cámara de Diputados aprobó con 456 votos a favor la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que dio luz verde a una de las reformas más amplias impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y justicia penal.
El dictamen reglamenta la fracción XXI del artículo 73 constitucional y unifica el tipo penal de extorsión en todo el país. Además, modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y diversas leyes para fortalecer la persecución del delito y su sanción.
La legislación establece penas que van de seis a quince años de prisión y multas de hasta quinientas veces el valor de la UMA, asimismo, determina que el delito de extorsión será investigado y perseguido de oficio, garantizando la intervención de las autoridades federales en casos graves o de interés nacional.
La ley incorpora agravantes que pueden aumentar las penas hasta en dos terceras partes según la gravedad del caso y consideran más severas las sanciones si se comete el delito con violencia, contra menores, migrantes, personas mayores o mediante el uso indebido de datos personales y medios electrónicos.
También prevé que las víctimas podrán presentar denuncias anónimas mediante mecanismos confidenciales como el número 089.
La ley contempla la creación del Centro de Atención a Denuncias por Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que coordinará la atención y seguimiento de los casos.
Finalmente, prohíbe beneficios preliberacionales y la conmutación de penas a los sentenciados por extorsión. Con esta reforma, el Congreso busca garantizar justicia efectiva, proteger a las víctimas y fortalecer la lucha institucional contra uno de los delitos más extendidos en el país.
Con información de Agencias
Foto de: Cámara de Diputados
