Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión, advirtió que multimillonarios como Elon Musk y Mark Zuckerberg concentran un poder sin precedentes sobre el debate público global sin rendir cuentas, según su informe final presentado ante el Consejo de Derechos Humanos.
El documento sostiene que la libertad de expresión enfrenta una creciente erosión debido a la asimetría entre los Estados y un reducido grupo de empresas tecnológicas que controlan los principales espacios digitales sin mecanismos suficientes de supervisión democrática.
Khan denominó “oligarcas tecnológicos” a los empresarios cuya riqueza e influencia superan las capacidades de numerosos países y señaló que esta concentración les permite tomar decisiones determinantes sobre la información que reciben miles de millones de personas.
Según el informe, los ingresos anuales de Meta en 2025 superaron el producto interno bruto de alrededor de 130 países y su plataforma alcanzó 3 mil millones de usuarios mensuales, mientras que OpenAI registró ingresos superiores al PIB de 80 naciones y ChatGPT fue utilizado semanalmente por cerca de mil millones de personas.
La relatora mencionó a Elon Musk, propietario de X, quien se presenta como defensor “absolutista” de la libertad de expresión y rechaza la moderación de contenidos al considerarla censura, por lo que alertó sobre el riesgo de que una sola persona controle tanto una plataforma como las herramientas de inteligencia artificial vinculadas con ella.
El documento también cuestionó a Mark Zuckerberg por los cambios anunciados en enero de 2025 para flexibilizar las restricciones contra la incitación al odio y eliminar en Estados Unidos el programa de verificación de datos de Meta, decisiones que, según Khan, se adoptaron sin consulta pública ni evaluación de su impacto en los derechos humanos.
La experta señaló que el gobierno de Estados Unidos ha promovido una visión “absolutista” de la libertad de expresión y ha presionado a otros países para limitar la regulación de las plataformas digitales, además de utilizar su influencia política y comercial contra autoridades que buscan establecer controles sobre el sector.
Entre los casos citados figuran las sanciones contra un juez del Tribunal Supremo de Brasil, las presiones contra la Unión Europea por aplicar la Ley de Servicios Digitales y las represalias hacia la República de Corea por impulsar medidas contra los monopolios de las redes sociales.
“El discurso de odio que se permite florecer sin control no produce más libertad de expresión, sino menos”, afirmó Irene Khan en el informe al explicar que las personas atacadas pueden ser silenciadas y excluidas de la vida pública.
La relatora también denunció la criminalización de periodistas y activistas mediante leyes antiterroristas, como ocurrió con comunicadores en Filipinas, integrantes del movimiento Palestine Action en el Reino Unido y defensores del medio ambiente en distintas regiones del mundo.
Khan alertó además sobre los cortes de internet, la vigilancia masiva y el uso de inteligencia artificial para identificar o bloquear herramientas contra la censura, pues estas prácticas generan un efecto paralizante entre quienes saben que pueden ser vigilados.
“La libertad de expresión significa que un periodista pueda trabajar sin miedo, que un activista pueda alzar la voz sin ser etiquetado como terrorista y que las plataformas digitales rindan cuentas por el daño que causan”, sentenció Irene Khan al pedir regulaciones sustentadas en derechos humanos, protección de datos y autoridades independientes.
La relatora concluyó que este derecho fundamental no debe convertirse en moneda de cambio geopolítica ni en una mercancía sometida a intereses comerciales, por lo que llamó a crear contrapesos institucionales frente al poder de los Estados y las corporaciones tecnológicas.
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