Uno de cada cuatro cigarros comercializados en México es ilegal, lo que representa 25 por ciento del mercado nacional, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), quien señaló que la diferencia de precios entre los productos legales y los de contrabando ha favorecido la expansión del comercio ilícito, situación que atribuyó al incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al tabaco.
El dirigente empresarial explicó que una cajetilla de cigarros legales supera actualmente los 100 pesos, mientras que en el mercado negro pueden encontrarse productos desde 15 pesos, una diferencia que, según el organismo, incentiva la compra de mercancía ilegal y afecta las ventas de los pequeños establecimientos comerciales.
“Mientras una cajetilla legal hoy supera los 100 pesos, en el mercado negro se pueden conseguir cajetillas de cigarros pirata desde 15 pesos, una brecha enorme que ha creado las condiciones para que el contrabando gane terreno y encuentre cada vez más consumidores”, señaló Cuauhtémoc Rivera.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por ANPEC, una cuarta parte de los cigarros comercializados en el país se encuentra fuera de la legalidad, por lo que su distribución evade obligaciones fiscales y controles sanitarios, además de propiciar prácticas prohibidas como la venta de cigarros sueltos a menores de edad.
La organización empresarial sostuvo que el incremento del IEPS al tabaco ha ampliado la diferencia de precios entre los productos legales y los de contrabando, situación que, a su juicio, representa un retroceso en los esfuerzos para combatir el tabaquismo y proteger la salud pública.
Los decomisos efectuados durante los últimos meses reflejan la presencia de operaciones de comercio ilegal de gran escala, como ocurrió en agosto en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde las autoridades aseguraron 52.5 millones de cigarros apócrifos procedentes de Vietnam.
Durante septiembre, según el recuento de ANPEC, fueron decomisados otros 8.78 millones de cigarros en el mismo puerto, además de 13 toneladas de tabaco ilegal durante operativos realizados en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
En octubre, las autoridades aseguraron 60 toneladas de cigarros apócrifos, maquinaria e insumos destinados a su fabricación en Huixquilucan, Estado de México, mientras que en la colonia Morelos de la capital del país fueron decomisadas otras seis toneladas de mercancía ilegal.
Aunque ANPEC reconoció los operativos realizados por las autoridades para combatir el contrabando, consideró que el volumen de los aseguramientos evidencia la existencia de redes de producción, importación y distribución que operan a gran escala en distintas regiones del territorio nacional.
“Si los decomisos son de esta magnitud y aun así el producto ilegal sigue presente en el mercado, es evidente que el fenómeno es mucho mayor y está fuera de control. El mercado pirata tiene una dimensión que no puede seguir minimizándose, no se puede tapar el sol con un dedo”, afirmó Cuauhtémoc Rivera.
El presidente de ANPEC señaló que el comercio ilegal también representa un problema económico para las pequeñas tiendas de abarrotes, debido a que la venta de cigarros puede generar hasta 25 por ciento de sus ingresos directos e indirectos, al tratarse de un producto que atrae clientes y favorece la comercialización de otras mercancías.
Ante el encarecimiento de los cigarros legales, explicó que algunos consumidores optan por adquirir productos de contrabando a precios considerablemente menores, lo que reduce la competitividad de los negocios establecidos y los expone a nuevas dificultades económicas frente a las redes de distribución ilegal.
Para enfrentar esta problemática, ANPEC puso en marcha durante 2026 la campaña nacional “No vale la pena”, mediante la cual busca informar a los pequeños comerciantes sobre los riesgos de comercializar cigarros pirata, entre ellos multas económicas, clausura de establecimientos y posibles sanciones penales.
La organización señaló que esta estrategia pretende evitar que los propietarios de tiendas comprometan su patrimonio y la estabilidad económica de sus familias mediante la venta de mercancía de procedencia ilícita, además de fortalecer la prevención y el cumplimiento de las disposiciones legales.
Por otra parte, el organismo cuestionó si los recursos obtenidos mediante el IEPS al tabaco se traducen en mejoras para el sistema nacional de salud, por lo que planteó la necesidad de transparentar los montos recaudados, su destino y los beneficios que generan para la atención médica de la población.
ANPEC relacionó este cuestionamiento con las manifestaciones de trabajadores del sector salud en distintas ciudades del país, quienes han denunciado condiciones laborales deficientes, falta de personal, salarios insuficientes y problemas de abastecimiento de medicamentos, materiales e insumos necesarios para atender a los pacientes.
El sindicato patronal consideró que la mejora de los servicios de salud requiere una estrategia integral que contemple presupuesto suficiente, administración eficiente de los recursos, infraestructura, equipamiento, abastecimiento de medicamentos, personal capacitado y condiciones laborales adecuadas.
“El aumento del IEPS a los cigarros no bajó su consumo, al contrario, lo incrementó al ampliar la brecha de precios, catapultó el contrabando y afectó al pequeño comercio al debilitar sus ventas y llevarlos a nuevos riesgos de cara a las pandillas de contrabandistas”, sostuvo Cuauhtémoc Rivera.
Finalmente, el dirigente reiteró que el encarecimiento de los cigarros legales no ha conseguido, desde la perspectiva de ANPEC, frenar la comercialización de tabaco y, por el contrario, ha favorecido el mercado ilegal, por lo que consideró necesario revisar la política fiscal y reforzar las acciones contra el contrabando para proteger al comercio establecido y a los consumidores.
Foto:IA
