El Congreso local aprobó reformas al Código Penal para endurecer las sanciones por el delito de despojo y reforzar la protección del derecho a la propiedad y a la vivienda, ante una problemática que en los últimos años ha cobrado mayor complejidad por la participación de grupos organizados, redes de corrupción y el uso de documentación apócrifa para apoderarse de inmuebles.
Con el dictamen aprobado por las y los integrantes de la LXII Legislatura se advierte que el despojo se ha convertido en una forma de violencia patrimonial sofisticada, cometida a través de vacíos legales, procesos administrativos irregulares o documentos falsificados, con el objetivo de arrebatar bienes a sus legítimos propietarios o poseedores.
Por lo anterior, con estas modificaciones, el Poder Legislativo busca fortalecer las condiciones jurídicas e institucionales para prevenir y sancionar conductas que vulneren el derecho a la propiedad y a la vivienda, especialmente en aquellos casos en los que se pretenda despojar de manera ilegal a una persona de un inmueble adquirido de buena fe y conforme a derecho.
Como parte de las reformas, se modificaron los artículos 409 y 409 Bis, se adicionó el artículo 409 Ter y se derogó el segundo párrafo del artículo 408 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con lo que el delito de despojo será castigado con penas de seis a 12 años de prisión y multas de 100 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización.
Estas sanciones se aplicarán cuando el delito sea cometido por cinco o más personas, cuando afecte zonas declaradas como área natural protegida o cuando se ejecute en agravio de niñas, niños y adolescentes, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad o integrantes de pueblos y comunidades indígenas, así como cuando participe una persona servidora pública.
Además, las reformas contemplan castigos para quienes simulen actos de autoridad, utilicen documentos falsos para aparentar derechos sobre un inmueble, suplanten la identidad de la persona propietaria o cuenten con la intervención dolosa de personal notarial.
Mientras que quienes financien, dirijan o sean autores intelectuales de invasiones enfrentarán penas de siete a 15 años de prisión, mismas que aumentarán si el objetivo es lotificar o comercializar la tierra.
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