La denuncia presentada por el gobierno mexicano en Estados Unidos contra empresas fabricantes de armas de ese país por las irregularidades en sus ventas que permiten que lleguen a México no es una situación de injerencia o en contra del gobierno del vecino del norte, sino un procedimiento civil porque ‘nos afecta a todos que no haya control sobre la venta’, sostuvo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Recalcó que la denuncia presentada por la Cancillería mexicana en contra de empresas de armas en Estados Unidos no es un asunto en contra del gobierno de Joe Biden, ni de la enmienda que permite a sus ciudadanos portar armas.
Cuestionado en su conferencia de prensa sobre la denuncia anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores contra fabricantes de armas estadunidenses, el mandatario señaló que ‘esas empresas hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada (…) y ellos lo saben, que es para nuestro país el destino de esas armas’.
Recalcó que actualmente se ofertan hasta por internet, y se trata de armas de alto poder que se introducen a territorio nacional, como el caso de modelos Barret 50 o armamento similar.
López Obrador aseguró que su aprobación, ahora en manos de un juzgado norteamericano en Boston, ‘ayudaría mucho al control de las armas’. No obstante, mencionó que su resolución no es de carácter urgente: ‘no es algo que se tenga que resolver pronto’.
Con la acción promovida por México, se buscan al menos 10 mil millones de dólares como pagos en reparación en contra de las empresas: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock Ges.m.b.H; Sturm, Ruger & Co.; and Witmer Public Safety Group and Interstate Arms, ambos proveedores.
Tras la presentación oficial de la denuncia, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF) y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) rechazaron que sean parte de un negocio negligente.
‘El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras (…) En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia’, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior de NSSF.
Con información de Agencias
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