El Juzgado Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, ordenó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Ganther Alejandro Villar, revisar la medida de prisión preventiva ejercida contra Rosario Robles, ex secretaria federal de Enrique Peña Nieto que está presa desde 2019.
Por lo anterior, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), podría llevar su proceso penal en arresto domiciliario.
La notificación oficial de esta revisión aún no se hace de manera pública; sin embargo, Sergio Arturo Ramírez, abogado de la ex funcionaria declaró en una entrevista radiofónica que ‘un juez de distrito ordena que se vuelva a llevar a cabo la audiencia y que se tomen en consideración o no los elementos mediante los cuales le justificaron de primera instancia la prisión a la maestra (Robles Berlanga)’.
El juez de control tendrá que revisar de nuevo la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso a la ex secretaria de Estado el 13 de agosto de 2019.
El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda argumentó que Villar Ceballos no valoró de manera adecuada la solicitud de Robles Berlanga para enfrentar su proceso fuera del penal de Santa Martha Acatitla.
Audiencia sin efecto
Por ello el togado de amparo ordenó dejar sin efecto la audiencia de 30 de abril de 2020, dentro la causa penal 314/2019, donde el juez de control resolvió sobre la revisión de la medida cautelar solicitada por la defensa legal de la ex funcionaria.
Además, tendrá que señalar hora y fecha para realizar una nueva audiencia de revisión de medida cautelar, donde considerando el debate de las partes técnicas y sin dar oportunidad a que se expongan argumentos adicionales, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, emita una nueva determinación sobre la continuación de la medida de prisión preventiva justificada, o de ser procedente, resolver sobre una o diversas a la solicitada.
La ex funcionaria federal es acusada por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público con un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual se solicita una pena de 21 años de prisión.
Con información de Agencias
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