Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respondió este lunes a la carta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había enviado al Poder Judicial para pedir se investigara a un juez federal que falló ‘de forma veloz’ para suspender provisionalmente la entrada en vigor de la reforma a la industria eléctrica de la actual administración.
‘Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia’, expresa Zaldívar en su propia misiva, hecha pública por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde también es el presidente del Pleno.
Corresponde al CJF velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Seguiremos cumpliendo con esta encomienda.
Además, Zaldívar aseguró que la carta de López Obrador y su queja serán remitidas al área correspondiente del CJF, la cual coordina el trabajo de todos los jueces federales en el país, y que, en caso de que sea procedente, se abrirá una investigación con ‘pleno respeto a la autonomía independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen’.
El lunes por la mañana, en su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano anunció el envío de una carta al presidente de la Suprema Corte, solicitándole que determine si el juez Pablo Gómez Fierro tiene facultades para conceder la suspensión temporal de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, luego de que ésta entrara en vigor.
Asimismo, le solicitó al ministro presidente Zaldívar que, si procede, inicie una investigación sobre el tema. La reforma, enviada por López Obrador al Poder Legislativo, fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, dominadas por Morena, su partido, con apenas algunos cambios cosméticos.
Sin embargo, y luego de que varias empresas afectadas por la reforma interpusieran demandas de amparo, el juez Gómez Fierro, como ha hecho con otros aspectos de las reformas y políticas energéticas de la actual administración, concedió una suspensión provisional con efectos generales.
Esto quiere decir que la reforma a la industria eléctrica se encuentra pausada, mientras el juzgador federal y las partes desahogan la demanda de amparo.
El siguiente paso, a conocerse esta semana, será si la autoridad judicial mantiene la suspensión de forma definitiva hasta que se resuelva el juicio de amparo.
Esto desató la furia del gobierno de López Obrador y del presidente mismo, quien incluso criticó la defensa que hicieron los juristas de la independencia judicial ante el amago del mandatario federal de meterse con las decisiones del juez fuera de los recursos que la ley le otorga a su administración.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, había dicho por su parte que el juez que decidió la suspensión provisional ‘no tiene ni idea’ del tema de competencia, la cual se rompe con la reforma, que privilegia explícitamente a la paraestatal CFE (Comisión Federal de Electricidad) y que usaron como argumento las empresas privadas que buscan ampararse.
La polémica desembocó en la carta enviada por López Obrador el lunes. En la misiva, el mandatario mexicano advierte de ‘un grupo conservador y reaccionario’, al que pertenecen el empresario Claudio X. González y el ex ministro de la Corte José Ramón Cossío, quien ‘avaló injusticias y guardó silencio cómplice ante corruptelas’, de acuerdo con el texto.
El desplante de la administración federal fue ampliamente criticado por la oposición partidista, parlamentaria y por el sector jurídico. Coincidieron en que el amago de López Obrador contra el juzgador en cuestión era una ‘invasión de poderes’ y ponía en riesgo la democracia mexicana.
Con información de Infobae
