La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá durante las operaciones militares de 2017, en las que unas 10 mil personas fueron asesinadas y cientos de miles desplazadas, informó Yuji Iwasawa, presidente del máximo tribunal de las Naciones Unidas, al presentar la sentencia en La Haya, Países Bajos.
Tras una sesión de tres horas, el magistrado japonés señaló que Myanmar incumplió sus obligaciones de prevenir y castigar el genocidio, luego de que sus fuerzas de seguridad perpetraron actos de “violencia extrema” contra las comunidades rohinyá, de mayoría musulmana, en el estado de Rakáin.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, celebró la resolución como un “poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio” y destacó que representa una demostración de justicia internacional frente a las violaciones graves de los derechos humanos.

“Es una demostración de justicia internacional y una reafirmación de que no debe prevalecer la impunidad ante actos tan horribles”, expresó Guterres, quien insistió en que la rendición de cuentas y el combate a la impunidad resultan fundamentales para avanzar hacia la reconciliación nacional en Myanmar.
El responsable de la ONU añadió que la sentencia “se estudiará detenidamente en el seno de las Naciones Unidas” y sostuvo que el derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio, debe ser respetado por todos los Estados.
La resolución establece que las fuerzas de seguridad de Myanmar y otros órganos estatales cometieron intencionalmente actos prohibidos por el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre ellos asesinatos, daños físicos y mentales graves, así como medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo.
Para emitir el fallo, los magistrados analizaron testimonios de supervivientes, pruebas gráficas e informes de investigadores internacionales que documentaron la destrucción de aldeas rohinyá, las ejecuciones de hombres y niños y las violaciones de mujeres y niñas durante las operaciones militares desarrolladas en el norte de Rakáin en 2017.

Las investigaciones también documentaron el asesinato de bebés, una práctica que, según el presidente de la CIJ, “respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad de Myanmar actuaron con la intención de impedir los nacimientos entre el grupo”.
Al presentar la resolución, Iwasawa explicó que las comunidades rohinyá del oeste de Myanmar habían sufrido sucesivas operaciones militares de limpieza, en un contexto marcado por décadas de violencia intercomunitaria y persecución contra esta minoría.
La ofensiva militar de 2017 provocó una condena internacional generalizada y obligó a aproximadamente 700 mil rohinyás a abandonar sus comunidades y cruzar la frontera hacia Bangladés, mientras que el tribunal estimó que alrededor de 10 mil personas fueron asesinadas durante aquellas operaciones.
El procedimiento judicial comenzó en noviembre de 2019, cuando Gambia presentó una demanda contra Myanmar ante la CIJ por presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio, en un caso que se convirtió en uno de los más relevantes examinados por el principal órgano judicial de Naciones Unidas.
Testimonios revelan asesinatos y destrucción de aldeas
Durante el proceso, la Corte escuchó los testimonios de tres supervivientes procedentes de las aldeas de Min Gyi, Chut Pyin y Maung Nu, en el estado de Rakáin, quienes aportaron información sobre el desplazamiento forzado, los asesinatos masivos, las violaciones y otros actos de violencia sexual registrados durante la ofensiva.
Asimismo, un testigo presentado por Myanmar relató un ataque atribuido a insurgentes rohinyá del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), en el que presuntamente fueron asesinados alrededor de 100 civiles.
Los magistrados conocieron pruebas sobre la destrucción parcial o total de aproximadamente 400 aldeas, equivalentes al 40 por ciento de las casi mil comunidades ubicadas en tres municipios del norte de Rakáin, durante las operaciones militares de 2017 y el periodo posterior.
“A la destrucción le siguieron a menudo trabajos con excavadoras y despejes del terreno a gran escala”, explicó Iwasawa al describir cómo las comunidades afectadas fueron arrasadas después de los ataques militares.
“A su vez, se llevó a cabo una rápida construcción en los terrenos despejados, incluyendo instalaciones de seguridad, nuevas aldeas y viviendas, y otras infraestructuras civiles”, añadió el presidente del tribunal durante la presentación de las pruebas examinadas.
Ordenan investigar crímenes e indemnizar a víctimas
Como consecuencia de las violaciones a la Convención sobre el Genocidio, la CIJ ordenó a Myanmar poner fin a cualquier conducta ilícita que continúe y adoptar disposiciones legales que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones internacionales para prevenir y sancionar estos crímenes.
El tribunal también exigió investigaciones inmediatas y efectivas contra todas las personas sobre las que existan sospechas razonables de haber participado en actos de genocidio, así como su procesamiento y castigo cuando corresponda, además de garantías para impedir que hechos similares vuelvan a repetirse.
Entre las medidas de reparación, la sentencia establece que Myanmar deberá facilitar el retorno seguro, voluntario y digno de los rohinyás desplazados a sus lugares de residencia, garantizar la reunificación familiar y adoptar acciones de restitución tanto para quienes permanecen dentro del país como para aquellos que huyeron al extranjero.

La Corte también determinó que Myanmar tiene la obligación de indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes por los daños ocasionados que no puedan repararse mediante las medidas de restitución ordenadas.
Sin embargo, el monto y las modalidades de indemnización u otras reparaciones serán establecidos en una etapa posterior del procedimiento, para lo cual Myanmar deberá presentar al tribunal, en un plazo de dos años a partir de la sentencia, un informe sobre las medidas de restitución adoptadas y las compensaciones correspondientes.
La resolución emitida por la Corte Internacional de Justicia es definitiva, jurídicamente vinculante para las partes involucradas y no puede ser recurrida.
Antecedentes de otros juicios por genocidio
Uno de los antecedentes más relevantes es el caso de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, presentado en 1993 y resuelto en 2007, cuando la CIJ determinó que Serbia no cometió directamente genocidio, pero incumplió sus obligaciones internacionales al no impedir la matanza de Srebrenica de 1995 ni castigar o entregar a sus responsables.
Otro procedimiento fue el de Croacia contra Serbia, iniciado en 1999 y resuelto en 2015, en el que el tribunal desestimó tanto la demanda croata como la contrademanda serbia al considerar que ninguna de las partes demostró la intención específica de cometer genocidio exigida por la Convención durante la Guerra de Independencia de Croacia.
Foto: @CIJ_ICJ



































