Al continuar las protestas en Colombia por undécimo día consecutivo, la Defensoría del Pueblo informó ayer que, de acuerdo con sus registros, el número de manifestantes desaparecidos se elevó a 548 desde el 28 de abril, cuando inició el paro nacional contra las reformas de la presidencia de Iván Duque, hasta el pasado viernes.
Por su parte, las ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunciaron en redes sociales que en los primeros 10 días de manifestaciones 47 personas fueron asesinadas, 963 fueron detenidas de forma arbitraria y hubo 12 casos de violencia sexual. Afirman que los desaparecidos son 548 y 28 de los lesionados fueron heridos en los ojos.
La Defensoría del Pueblo aseguró que ha recibido 52 quejas de presuntas violaciones en contra de los derechos humanos de los manifestantes respecto a ‘violaciones a la integridad personal, libertad de reunión, libertad de expresión y opinión y a otros derechos como la vida, a no ser sometido a desaparición forzada y libertad personal’.
Apuntó que se han habilitado 140 corredores humanitarios en 26 departamentos en el país para el ingreso de alimentos, insumos médicos, oxígeno, combustible y ambulancias, entre otros, además de que se han realizado 111 mesas de diálogo y 151 asistencias de defensores públicos.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa recuenta en un informe emitido el viernes pasado que asciende a 27 el número de muertos durante las movilizaciones, 17 de los cuales se dieron en la ciudad de Cali, uno de los epicentros de las protestas.
El documento recoge que siete de los decesos se encuentran en proceso de verificación por la fiscalía para saber si tuvieron relación con abuso de la fuerza de los elementos de seguridad o con actos de alteración del orden público.
En la mayoría de los casos las organizaciones sociales señalan como presunto responsable al Escuadrón Móvil Antidisturbios por el uso indiscriminado de armas de fuego, disparos de bala de goma contra los ojos de los manifestantes, vehículos blindados, abuso sexual y persecuciones, entre otras tácticas de represión, que han sido condenadas por la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y la prensa.
Colombia cumplió ayer 11 días de manifestaciones en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el gobierno de Iván Duque a causa de la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, que fue retirada ante la presión de las movilizaciones la semana pasada.
En Bogotá, decenas de personas vestidas de negro participaron en la Marcha del Luto, que partió desde el Parque de los Periodistas a otros puntos de la ciudad, en homenaje a las víctimas de la violencia policial.
Hubo otras movilizaciones pacíficas, entre ellas frente al Monumento a los Héroes, que provocaron bloqueos en distintas avenidas y vialidades del transporte público.
El ejército colombiano escoltó el ingreso de 340 mil litros de combustible a la ciudad de Cali, asolada desde hace días por la violencia policial y las protestas, que en horas recientes ha registrado otros tres heridos por arma de fuego en un tiroteo bajo investigación.
Tras alcanzar un acuerdo con los transportistas, los militares han brindado la escolta para llevar la gasolina a 15 estaciones de servicio en la capital del Valle del Cauca. Asimismo, se espera en las próximas horas el ingreso de más vehículos cargados de combustible para proseguir con la distribución. Una marcha canábica avanzó por la Avenida Oriental en el centro de Medellín.
Diálogos regionales
El presidente Duque, los gobernadores del país agremiados en la Federación Nacional de Departamentos y los alcaldes miembros de la Federación de Municipios anunciaron tras sostener un encuentro virtual el inicio de diálogos regionales con las comunidades y otros sectores sociales a fin de buscar salidas al estallido social.
El propósito es conversar en torno a soluciones en materia de reactivación económica segura, la generación de empleos, la participación de la juventud, las comunidades étnicas, el bienestar social y la protección a los más vulnerables.
Con información de La Jornada
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