La Unión Europea debe suprimir todos los obstáculos que encuentran las personas LGBTIQ a la hora de ejercer sus derechos básicos, según el Parlamento.
En una resolución aprobada con 387 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones, la Cámara enfatiza que las personas deben poder ejercer sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de movimiento, en todo el territorio de la Unión Europea.
El texto advierte de que, si bien la Unión ha experimentado avances en términos de matrimonio y uniones civiles, de derechos de adopción para las personas LGBTIQ y de protección jurídica contra la discriminación, la incitación al odio y los delitos de odio, ‘también se han producido retrocesos, como la retórica hostil de políticos electos y las oleadas de la violencia homófoba y transfóbica’.
Los matrimonios o uniones civiles formados en un Estado miembro deben ser reconocidos en los demás países de la UE, y los cónyuges o miembros de la unión deben recibir idéntico trato al que se otorga a los que forman matrimonios y uniones heterosexuales.
El texto recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE ya declaró en una sentencia de 2018 que el término ‘cónyuge’ utilizado en la Directiva sobre la libre circulación también es aplicable a las parejas homosexuales, y pide por eso a la Comisión que actúe contra Rumanía, cuyo gobierno no ha acatado la sentencia.
Los eurodiputados instan a todos los Estados miembros a reconocer a efectos legales a los adultos mencionados en un certificado de nacimiento expedido en otro Estado miembro como padres legales del niño, independientemente del sexo legal o de su estado civil, para evitar convertir a niños en apátridas al trasladarse a otro país de la Unión.
Insisten en que las ‘familias arcoíris’ deben disfrutar de los mismos derechos de reagrupación familiar que aquellas constituidas por parejas heterosexuales.
La discriminación sufrida por la comunidad LGBTIQ en Polonia y Hungría preocupa en el Parlamento Europeo, que anima a la Comisión a utilizar los instrumentos a su alcance (procedimientos de infracción, medidas provisionales y herramientas presupuestarias) contra estos países.
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