Luego de que los abogados de Ricardo Anaya aceptaron desconocer dónde se encontraba su cliente, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, declaró sin materia la audiencia donde el ex candidato presidencial del PAN sería imputado por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez agregó que el Ministerio Público tiene abierta la posibilidad de proceder conforme a derecho, lo que incluye solicitar su aprehensión.
Durante la diligencia los agentes del Ministerio Público presentaron reportes del Instituto Nacional de Migración y el Centro Nacional de Planeación. Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia donde consta que desde julio pasado Anaya dejó el país y no hay registro de que haya regresado a México.
Ante la inasistencia de Anaya, el juez dejó claro que la Fiscalía General de la República tiene abierta la opción de solicitar la orden de aprehensión contra el ex candidato presidencial.
Minutos después, Anaya posteó un mensaje en sus redes sociales donde afirmó: ‘Tenemos un gobierno que ataca opositores y defiende delincuentes. Hoy se llevó a cabo la audiencia, pero se suspendió. No me voy a dejar, pero tampoco voy a seguir hablando de las mentiras de Lozoya, quien ya está en la cárcel y podría quedarse ahí 54 años por ratero y mentiroso.’
Defensa pidió a FGR desistir de acusaciones
Llegó el momento en que Ricardo Anaya deberá enfrentar a la justicia de manera presencial por los supuestos nexos con la empresa brasileña Odebrecht, así como una supuesta captación de hasta $6.8 millones de pesos.
Sin embargo, en fechas recientes la defensa del ex candidato presidencial pidió a la Fiscalía General de la República que desista de toda acción penal en su contra.
Aunque el político panista no acudió a la cita, sus abogados se apersonaron la mañana del lunes en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte.
Al ingresar al penal el abogado de Anaya, Eduardo Aguilar Sierra, declaró a medios de comunicación que carecen de sustento las acusaciones en su contra, vertidas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de presuntamente haber recibido un soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Con información de Agencias
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