Las manifestaciones continuaron el martes por la noche en Perú después de que el presidente Pedro Castillo eliminara un decreto de emergencia el cual suspendía algunas libertades civiles en Lima, la capital.
El decreto de inamovilidad ciudadana duró apenas 15 horas y fue para frenar las protestas por el alza en los precios del combustible y alimentos.
Por lo anterior, el gobierno del presidente peruano, se encuentra cada vez más aislado, tenía dificultades para apaciguar una serie de protestas a causa de dichos incrementos y también fertilizantes que ha afectado al país en días recientes.
Los manifestantes exigían la renuncia de Castillo y se dirigían hacia el Parlamento, pero no pudieron avanzar por la presencia de policías. Medio centenar de inconformes arrojaron piedras contra los agentes, prendieron fuego a botes de basura y rompieron las lunas de la fiscalía. La mayoría se alejó hacia otra plaza donde protestaron sin violencia.
Perú vive una semana de protestas de camioneros y transportistas por el alza del precio de combustibles y alimentos que han dejado cuatro muertos, casetas de peaje incendiadas y saqueos en algunas tiendas.
En respuesta, el gobierno suspendió un impuesto para varios tipos de combustibles que elevaban hasta 30% el precio final. El diésel más usado bajó en 0,47 dólares por galón, pero los manifestantes dijeron que los precios no habían disminuido.
Habitantes de Lima golpearon sus cacerolas con cucharones y se grabaron en las redes sociales, mientras más de un centenar caminó con banderas de Perú por las calles de San Isidro —el barrio más rico de Perú— y de San Borja, un distrito aledaño. La policía los observó sin tocarlos. Un manifestante que se identificó como Oscar, de 76 años, le dijo a la televisora local Latina que marchaba “en contra del gobierno comunista de Castillo”.
Era la primera vez en tiempos recientes que un gobierno buscaba frenar protestas prohibiendo salir de casa, al menos desde que concluyó la década de mano dura del entonces mandatario Alberto Fujimori (1990-2000). Los hechos se produjeron en una fecha recordada por los peruanos porque el 5 de abril de 1992, Fujimori cerró el Parlamento, el Poder Judicial y sacó a los soldados a las calles en medio de una crisis económica y social.
Castillo es criticado por expertos por su descuido en nombrar funcionarios claves y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción. En ocho meses de gestión ha modificado cuatro veces su gabinete y su impopularidad subió a 68% en marzo, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República.
El Parlamento -que ha intentado destituirlo- lo supera en descrédito y su desaprobación llega al 79%.
Con información de Agencias
Foto: Twitter
