María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, denunció un presunto uso político de las instituciones federales luego de ser citada por la Fiscalía General de la República en calidad de testigo, al afirmar que acudirá a dar la cara y que su gobierno ha colaborado sin reservas con las autoridades federales.
La mandataria estatal sostuvo que la citación busca, según dijo, simular su comparecencia como testigo para intentar convertirla en inculpada, por lo que acusó que no se respetaron las formas legales ni la protección constitucional del cargo que le fue conferido por los chihuahuenses.
Campos Galván señaló que existe un doble rasero del gobierno federal al contrastar su caso con el de funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que ni ella ni Rubén Rocha Moya están formalmente imputados en las investigaciones respectivas.
La gobernadora afirmó que el país enfrenta un escenario de autoritarismo y advirtió que su caso no debe entenderse como un asunto personal, sino como parte de una defensa más amplia de los derechos ciudadanos, las libertades y la posibilidad de disentir frente al poder público.
Durante su posicionamiento, Maru Campos también criticó la actuación del gobierno federal frente a temas como la atención a padres de niños con cáncer, las protestas magisteriales y las madres buscadoras, al considerar que se criminaliza a quienes reclaman justicia mientras se tolera la violencia y el crimen.
Finalmente, la mandataria llamó a los chihuahuenses y a los mexicanos a no normalizar la violencia, la impunidad ni la persecución política, y aseguró que seguirá adelante en defensa de Chihuahua, de México y de las familias, con el mensaje: “No nos vamos a callar”.
Con información de agencias
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