Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, y su marido fueron sentenciados este miércoles a 15 años de prisión y tres años de libertad vigilada por un tribunal de Florida.
La decisión establece que deberán devolver US$136 millones en bienes y efectivo, equivalentes al beneficio que obtuvieron al participar en un esquema corrupto de lavado de dinero que desangró las arcas del Estado venezolano.
Además cada uno deberá pagar una multa de US$75.000.
En diciembre de 2022, Díaz Guillén había sido declarada culpable de dos de los tres cargos de lavado que se le imputaban en una corte de Florida.
Su marido, Adrián José Velásquez Figueroa, quien fue jefe del Departamento de Seguridad del palacio presidencial de Miraflores durante el gobierno de Chávez, fue hallado culpable de los 3 cargos que pesaban sobre él.
De cara a la fijación de condena, la Fiscalía había solicitado una pena de 23 años y 5 meses para ella y de 19 años y 5 meses para él.
Del entorno de Chávez a una cárcel en EE.UU.
Díaz Guillén fue miembro de la Guardia de Honor, cuerpo responsable de la seguridad de los presidentes venezolanos, y parte del equipo de médicos y enfermeras que cuidaban al fallecido mandatario, quien terminó nombrándola como Tesorera Nacional, un cargo en el que -de acuerdo con la Fiscalía estadounidense- logró enriquecerse a través de un esquema corrupto de lavado de dinero.
El juicio en su contra fue la culminación de un proceso judicial que se hizo público en 2018, cuando la pareja fue detenida en Madrid, donde residían, por una solicitud de extradición de las autoridades venezolanas que les acusan de presuntos delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito.
La petición de Caracas no prosperó, pero en 2022 las autoridades españolas dieron luz verde a una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
En una entrevista con BBC Mundo en diciembre de 2018, Díaz Guillén defendió haber accedido a esos cargos públicos por méritos propios.
Explicó que, en paralelo a la vida militar, estudió para obtener títulos en Enfermería y Derecho en la Universidad Central de Venezuela.
Eso le habría permitido, tras haberse incorporado a la Guardia de Honor en 2001, sumarse en 2003 al equipo de médicos y enfermeras que atendían a Chávez.
En 2011, año en que a Chávez le diagnosticaron que padecía un cáncer, el mandatario venezolano designó a Díaz Guillén como responsable de la Tesorería Nacional de Venezuela y como secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).
Ella permaneció en ese cargo hasta marzo de 2013, cuando fue destituida por Nicolás Maduro.
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, entre 2011 y 2013 Díaz Guillén recibió sobornos de al menos US$65 millones pagados por el empresario venezolano Raúl Gorrín, propietario del canal de noticias Globovisión, quien está actualmente solicitado por la justicia en EE.UU.
Supuestamente el pago de estos recursos tendría como fin permitir a Gorrín realizar operaciones de cambio de divisas en el marco del estricto sistema de control de cambios establecido por Chávez en Venezuela.
En aquella época, dada la enorme brecha entre el precio oficial del dólar y la tasa no oficial, adquirir divisas al precio preferencial fijado por el gobierno y venderlas en el mercado paralelo era una operación que podía generar jugosas ganancias.
Díaz Guillén enfrentaba acusaciones por conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses ven a su esposo como una pieza instrumental para estas operaciones pues supuestamente parte de los sobornos fueron pagados por medio de transferencias a su nombre o el de empresas de su propiedad.
A diferencia de muchos otros exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez que han sido juzgados en Estados Unidos -como Alejandro Andrade, el tesorero nacional anterior-, Díaz Guillén no ha admitido ninguna culpa en los delitos que se le imputaban.
Los abogados de la pareja aseguran que tienen la intención de apelar la sentencia.
Con información de Agencias
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