Con una flotilla de 100 pipas y una meta de distribución de 412.8 millones de litros de agua potable en los próximos seis meses y medio, el Gobierno del Estado inició una estrategia emergente para atender a 36 mil familias de la zona metropolitana afectadas por el desabasto, acción que el gobernador Alejandro Armenta Mier definió como una respuesta inmediata para garantizar el derecho humano al agua mientras avanzan los procesos de revisión jurídica y técnica relacionados con la concesión del servicio.
El titular del Ejecutivo estatal señaló que el Artículo 4º de la Constitución establece el acceso al agua como un derecho humano que debe garantizarse mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana.
Alejandro Armenta explicó que la actual problemática deriva de decisiones adoptadas en administraciones pasadas que privatizaron el servicio, por lo que el Gobierno del Estado mantiene una revisión integral del esquema de concesión para determinar las acciones legales procedentes, y así evitar afectaciones económicas para las y los poblanos.
Enfatizó que, mientras continúa dicho proceso, su administración atiende de manera directa a la población mediante acciones concretas para asegurar el suministro del vital líquido.
La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que esta primera etapa del programa tendrá una duración de seis meses y medio, periodo en el que se distribuirán 412.8 millones de litros de agua potable mediante 51 mil 600 recorridos. Detalló que la estrategia beneficiará directamente a 36 mil familias y de manera indirecta a más de 136 mil 800 personas.
Como parte del arranque del programa, la primera entrega se realizó en la colonia Ampliación Santa Lucía, al sur de la capital poblana, donde familias que anteriormente destinaban recursos propios para adquirir agua recibirán ahora el servicio sin costo, lo que fortalece su economía y mejora su calidad de vida.
Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que continúa la auditoría y revisión documental, física y técnica de las inversiones comprometidas por la empresa concesionaria, con el propósito de verificar su cumplimiento y definir la ruta jurídica correspondiente.
Precisó que, por instrucción del gobernador Alejandro Armenta Mier, estas revisiones no detendrán las acciones encaminadas a garantizar el acceso al agua, por lo que, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, se diseñó un plan operativo para identificar puntos prioritarios de suministro y asegurar una atención permanente a las colonias con mayores necesidades.
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