Un juzgado de instrucción de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el Fútbol Club Barcelona y varios exdirectivos de la entidad deportiva por el pago de más de 7 millones de euros (M€) al exárbitro José María Enríquez Negreira, cuando éste era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), según ha adelantado un medio de comunicación en España.
La magistrada Silvia López Mejía acepta la mayoría de las diligencias solicitadas por los fiscales y les imputa los delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Según la jueza, que coincide con el criterio del Ministerio Público, existen firmes indicios de que los pagos, que se produjeron a lo largo de 20 años, tenían como finalidad garantizar buenos arbitrajes al equipo catalán.
Además de la entidad deportiva como persona jurídica, también se encuentran imputados los expresidentes blaugranas Sandro Rosel y Josep María Bartomeu, así como los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau, además del exárbitro Enríquez Negreira.
La primera medida ordenada por la magistrada es que la Guardia Civil analice la documentación relativa a las sociedades de Enríquez Negreira y su hijo, después de que Hacienda localizara un entramado de siete sociedades a través de las cuáles se vehiculaban los pagos al entonces vicepresidente del órgano de gobierno de los árbitros.
En el auto se establece que los pagos realizados a Negreira pretendían lograr ‘actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones’. Además, recuerda que el CTA es el organismo encargado de designar los árbitros para cada partido.
Además, la Fiscalía sostiene que los pagos realizados no se correspondían con ninguna prestación de servicios o asesoramiento técnico real, como afirman las defensas del exárbitro y del club. El Ministerio Público también asegura que se trató de una remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General y que no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno.
A partir de ahora la investigación del caso será asumida por la Fiscalía Anticorrupción por tratarse de presuntos delitos relacionados con la corrupción de especial trascendencia.
Con información de Agencias
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