A seis años de que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia, la crisis sanitaria conserva un fuerte impacto global por las más de 7 millones de muertes confirmadas, por las secuelas que aún arrastran millones de personas en distintos países, y por las huellas sociales, económicas y médicas que siguen abiertas.
De acuerdo con agencias de información, en México se han contabilizado más de 7 millones 629 mil 928 casos y al menos 335 mil fallecimientos, luego de que el primer contagio se confirmara el 28 de febrero de 2020 en un hombre procedente de Italia, mientras que la primera muerte por esta causa se reportó el 18 de marzo del mismo año, con Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León entre las entidades con más decesos.
Durante la emergencia, gobiernos de todo el mundo recurrieron al distanciamiento social, al uso de mascarillas y a la suspensión de actividades masivas, mientras que en México la respuesta oficial recibió críticas por su manejo inicial y por la tardanza con la que avanzaron algunas decisiones sanitarias, incluido el inicio de la vacunación el 24 de diciembre de 2020, cuando otras naciones ya habían comenzado, en un contexto de pérdidas económicas, cierre de empresas, desempleo, rezago educativo y afectaciones a la salud mental.
Aunque la OMS declaró el fin de la pandemia en mayo de 2023, especialistas advierten que la enfermedad se volvió endémica, por lo que el virus permanece de forma constante en la población y mantiene en riesgo a personas adultas mayores y grupos vulnerables.
Entre el 10 y el 20 por ciento de quienes padecieron la infección desarrollan síntomas a largo plazo, lo que confirma que el COVID-19 no es solo un episodio del pasado, sino un desafío sanitario vigente.
Para el caso de España, se calcula que cerca de 2 millones de personas viven con Covid persistente, una condición que prolonga dolores, fatiga y otros malestares después de la fase aguda de la infección, por lo que la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal, advirtió que “Nuestros empleados públicos lo dieron todo y ahora sufren las consecuencias para su salud”, al denunciar que esta población enfrenta un “doble abandono: el laboral y el sanitario”.
Una encuesta del sindicato CSIF aplicada a más de mil 500 personas reveló que el 75.3 por ciento estuvo de baja médica y que el 69 por ciento pidió ayuda psicológica, aunque solo el 7.6 por ciento la recibió, mientras que más del 60 por ciento considera haberse contagiado en su trabajo y apenas uno de cada cinco tiene reconocido ese origen.
Por lo anterior, Encarna Abascal subrayó que “Para estos trabajadores, el Covid no es algo del pasado, es un presente con el que tienen que convivir cada día”, al exigir recursos sanitarios, protocolos de diagnóstico, adaptaciones laborales ágiles y compensaciones para las personas afectadas.
Con información de agencias
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