La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Volker Türk, denunció que una industria multimillonaria de estafas en línea en el sudeste asiático se sostiene mediante trata de personas, tortura, abusos sexuales y trabajo forzado contra cientos de miles de víctimas reclutadas con falsas ofertas laborales y confinadas en recintos vigilados.
Industria criminal
El informe titulado Un problema perverso, publicado en Ginebra, documenta que al menos 300 mil personas de 66 países han sido explotadas en complejos de fraude digital que generan decenas de miles de millones de dólares al año y que se concentran principalmente en la región del Mekong, donde se ubica el 74 por ciento de estas instalaciones según análisis satelital.
“El trato que sufren las personas en el contexto de las operaciones de estafa es alarmante”, advirtió Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al señalar que detrás de los beneficios económicos existe una “letanía de abusos” que incluye detenciones ilegales, violencia física y coerción para obligar a las víctimas a cometer fraudes en línea contra terceros.
Recintos vigilados
Los sobrevivientes describieron complejos que operan como ciudades autónomas rodeadas de muros con alambre de púas y vigilancia armada que incluyen casinos, burdeles y zonas residenciales mientras que en otros casos las operaciones funcionan en apartamentos u hoteles cerrados donde el rasgo común es el control total mediante confiscación de pasaportes, aislamiento y vigilancia permanente.
Las víctimas son obligadas a realizar fraudes de suplantación de identidad, inversiones falsas en criptomonedas, apuestas y estafas románticas bajo amenazas de tortura pública o castigos severos si no cumplen cuotas económicas mientras que las ganancias se blanquean mediante redes de cuentas bancarias, criptomonedas y transferencias digitales complejas que ocultan el origen ilícito de los fondos.
Violencia extrema
El informe documenta castigos como confinamiento en celdas oscuras, privación de alimentos y jornadas de hasta 19 horas diarias además de un aumento de violencia sexual desde 2024 con denuncias de violaciones, prostitución y abortos forzados mientras que hombres también reportaron humillaciones y agresiones sexuales dentro de los recintos controlados por redes criminales.
Muchas víctimas aceptaron ofertas con salarios elevados pero al llegar fueron sometidas a deudas, multas y objetivos imposibles mientras que algunas familias fueron obligadas a pagar rescates de decenas de miles de dólares tras recibir videollamadas donde sus familiares aparecían siendo maltratados como mecanismo de presión económica por parte de los traficantes.
Impunidad y riesgo
El documento advierte colusión entre organizaciones criminales y funcionarios que facilitan el traslado y operación de los recintos mientras que incluso tras rescates policiales miles de víctimas enfrentan detención o sanciones estatales por delitos que fueron forzadas a cometer por lo que la ONU exige aplicar el principio de no castigo y garantizar protección y reparación a los sobrevivientes.
Con información de ONU Noticias
Foto: captura de pantalla
