La reforma eléctrica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, representaría ‘un retroceso y un grave error’ al ser un esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo en el país, señaló Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de la organización ambientalista Greenpeace.
Al llevar a cabo un análisis de la iniciativa envida por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados señaló que esa modificación puede tener implicaciones en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados (incluidas las personas en sus casas) puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto.
‘Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía. No olvidemos que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética’, señala en un comunicado.
Pablo Ramírez resaltó que además en la propuesta del Gobierno federal no quedan definidos los parámetros de seguridad y confiabilidad, además que existe una enorme discrecionalidad sobre qué tecnologías serán prioridad para el despacho.
‘Lo que nos deja claro el resto de la iniciativa es que las energías renovables (en el texto ‘intermitentes’) no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que no serán consideradas en el despacho, a pesar de tener costos nivelados mucho más bajos’, puntualizó.
La ONG’s señala que con lo anterior abre la puerta también a que tecnologías que no estaban siendo despachadas por su alto costo de generación, ambiental y de salud, como el carbón y combustóleo puedan ser despachadas de manera prioritaria. Poder quemar combustóleo resulta clave para el plan de refinación que es uno de los pilares de la política energética.
Greenpeace advierte que el uso de tecnologías caras, ineficientes y contaminantes para generar electricidad significará que aumentará el precio de la luz.
‘El alto costo de generación tendrá que verse reflejado en la tarifa eléctrica que nos llega o en un mayor subsidio, que al final de cuentas sale del dinero público, es decir los impuestos’, sentenció Ramírez.
Otro de los aspectos que cuestiona la organización ambientalista es que desaparezcan los órganos reguladores del sector, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se integraría a la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía, que se incorpora a la CFE, lo cual podría abrir margen a la discrecionalidad en la toma de decisiones en el sector, lo anterior al perder su autonomía.
Greenpeace México exige que la pugna ideológica entre lo público y lo privado no retrase de ninguna manera la transición energética justa que reduzca las emisiones de gases efecto invernadero del sector que, según el más reciente inventario de emisiones, es el que más aporta en el país.
Enfatizó que el Gobierno federal debe generar las condiciones de acceso que permitan disminuir la pobreza energética en la que se encuentran más de un 30 por ciento de hogares mexicanos.
‘Queremos una transición energética real sin falsas soluciones como el llamado gas natural, la energía nuclear o la captura de carbono. Queremos una transición que favorezca la descentralización y la autonomía energética de las comunidades y se dejen de usar de una vez por todas tecnologías altamente contaminantes como el carbón y el combustóleo’, demandó.
Foto: Pixabay / Presidencia
