La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por probables delitos de corrupción política y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con Odebrecht, la constructora brasileña acusada de repartir sobornos a varios gobiernos de América Latina.
De acuerdo con información de la UIF habría identificado el esquema de lavado de dinero entre 2012 y 2016, cuando el presidente en México era Enrique Peña Nieto. Bajo estas circunstancias, y por medio de las 34 empresas, relacionadas con Odebrecht, se habrían otorgado contratos por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en 3 niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.
La querella presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) involucra a 11 personas físicas —además de Lozoya Austin— y a 33 personas morales. Se presume que las operaciones beneficiaron a servidores públicos mexicanos y sirvieron también para financiar campañas políticas, detalló la UIF.
Entre las empresas a través de las que se presume el desvío de recursos entre 2012 y 2016 se encuentran Odebrecht Ambiental México, Eseasa Construcciones S.A., TTG Asociados S.C., Blunderbuss Company de México S.A., Adding Machine Company de México S.A., IECL de México S.A. de C.V. y SWT México.
‘En el primer grupo de operaciones las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por PEMEX y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que éstas guardan relación directa con ODEBRECHT’, se lee en el comunicado que detalla que esto se hizo por diversos vínculos corporativos, financieros y/o comercial.
Siendo el más destacado el que se registró del 2014 al 2016 con una transferencia de más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de ‘construcción’ a favor del gobierno federal.
Para el segundo grupo de operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo para después transaccionarlos y estratificarlos en un esquema de triangulación de recursos ‘para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos’.
Con información de Agencias
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