El segundo ciclo progresista latinoamericano que se selló de manera definitiva con la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el 1 de enero, luego de variados triunfos de fórmulas izquierdistas a lo largo del continente, ha empezado tempranamente a recibir fuertes golpes y amenazas por parte de los más retrógrados sectores derechistas de la región.
Lo que ha ocurrido los primeros días del año en Brasil y en Perú muestra el nivel de riesgo latente en las democracias latinoamericanas cuando estas, atendiendo el mandato popular, intentan profundizar las transformaciones sociales, o tan solo paralizar la regresión inducida durante el ciclo de derechas que dominó en la región durante el último lustro.
También pone de manifiesto cómo las fuerzas de la derecha radical son capaces de manifestarse cuando pierden el gobierno por medio de elecciones legítimas y deciden cortar el hilo constitucional.
Particularmente en Brasil, el poder de la derecha moderada y el centro podrían permitir una mayor estabilidad al gobierno de Lula, aunque ello le obligue a ceder en la aplicación de políticas y medidas de profundidad en temas de igualdad y equilibrio de poderes.
‘En Brasil, a pesar de los alarmantes hechos, la insurrección no prosperó en su primer intento. En cambio, en Perú, logró arrebatar el gobierno y ahora trata de estabilizarse, utilizando, frente al mundo y sin complejos, toda la arbitrariedad extralegal con la que opera la derecha radical’.
Pero el caso peruano es más preocupante. Primero, porque el golpe de Estado ya ha tenido lugar y ahora, sus ejecutores, utilizan férreos mecanismos para perpetuarse. El asesinato de decenas de manifestantes en pocos días, el toque de queda, las detenciones, etc. dan cuenta de la fiereza con que pretende apoltronarse la derecha en el poder.
Pero segundo, y quizá lo más importante a largo plazo, porque la ultraderecha, hija del fujimorismo pero sobre todo de la oligarquía limeña, ha hegemonizado las estructuras estatales y los medios de comunicación, lo que significa que la vuelta a la normalización institucional luce mucho más compleja y obstaculizada.
En Brasil, a pesar de los alarmantes hechos, la insurrección no prosperó en su primer intento.
En cambio, en Perú, logró arrebatar el gobierno y ahora trata de estabilizarse, utilizando, frente al mundo y sin complejos, toda la arbitrariedad extralegal con la que opera la derecha radical para dirimir los pleitos con sus oponentes, especialmente cuando estos provienen de sectores populares.
Así, en ambos países, pero sobre todo en Perú, se ha ahondado una brecha y, con ello, el peligro de una ruptura societal definitiva, difícilmente superable.
Hoy día, son naciones cuya existencia se encuentran en peligro por la repuesta que está dispuesta a dar el poder establecido en forma de institución, fuerzas armadas y medios de comunicación.
Las grietas que se exacerban
En el caso peruano, la represión más bravía, así como las más grandes manifestaciones, se llevan a cabo sobre todo en el sur del país.
La zona de la sierra sur, donde se sitúan los departamentos de Apurímac, Puno, Cusco, Ayacucho y Arequipa, compuesta por identidades indígenas y campesinas, han sido las más apartadas y empobrecidas y ahora son las peores víctimas de la represión policial. Son provincias que dieron un voto abrumadoramente mayoritario al derrocado presidente Pedro Castillo, que en algunos casos supero el 80 % de apoyo.
En noviembre de 2020, cuando después de manifestaciones en Lima se produjeron dos muertes por represión policial, el entonces presidente Manuel Merino tuvo que dimitir debido al escándalo que se produjo por el hecho.
En 2023, los efectos represivos en el sur rozan las cincuenta muertes, pero los poderes fácticos no se dan por aludido y lucen cohesionados para enfrentar los reclamos populares, apalancando a diario mayores acciones violentas en contra de sus adversarios con tal de mantenerse en el poder.
Esto podría significar que los asesinatos a manifestantes no tienen el mismo peso que cuando ocurren en la capital. El sur se ha vuelto el objeto del «terruqueo».
El «terruqueo», como dicen en Perú a la elevación a grado de terrorista de los oponentes políticos, es la forma discursiva que utiliza el espectro político y mediático de la derecha, no solo para criminalizar a las fuerzas progresistas, sino también para legitimar la más dura represión contra ellos.
Se inició como método para confrontar en los ochenta a la organización terrorista Sendero Luminoso, pero ahora se utiliza para criminalizar a grupos sociales, sobre todo rurales, y con ello convencer de la necesidad de reprimir a las identidades originarias del Perú.
Independencia de poderes
Por más cooptada que se encuentre la democracia peruana, algún resorte institucional podría mantener cierto grado de independencia.
La Fiscalía General de la República ha abierto una investigación por genocidio contra la presidenta de facto, Dina Boluarte. Es una señal de reacción institucional lógica, debido a la magnitud de los hechos y la impunidad que se observa.
Pero aún no puede calibrarse si la investigación anunciada tiene por objeto lavarle la cara a la ejecución del golpe de Estado contra Pedro Castillo, por medio de una hipotética sustitución presidencial, o si por el contrario son acciones que podrían desencadenar respuestas reales a las demandas de los manifestantes: nuevas elecciones, constituyente, renuncia de Boluarte, regreso de Castillo.
«El desafío de la derecha radical contra la democracia apenas comienza. El nuevo ciclo progresista se enfrenta a las más riesgosas amenazas y aún no sabemos cómo podrá sortearlas debido al inmenso poder acumulado por los sectores reaccionarios».
Por su parte, la institucionalidad brasileña se ha mostrado mucho más competente para enfrentar el brote supremacista. No obstante, la brecha sigue expuesta debido al poder acumulado del bolsonarismo en el Congreso y las regiones.
La polarización, no solo política sino sobre todo social y étnica, se ha acrecentado en ambos países y es posible que estos conflictos no puedan ser superados en el corto plazo.
La democracia ha sido la principal afectada, y las formas de accionar de las derechas recuerdan, y dejan latente, la posibilidad del regreso de las dictaduras militares a América Latina, pero también la lucha histórica de los grupos subalternos que llevan quinientos años en pugna.
Para los pueblos del sur de Perú, la oligarquía limeña no solo se impone con decisiones antidemocráticas en la esfera política, sino que también puede hacerlo por medio de los peores crímenes. No es algo nuevo en Perú, un país que confrontó períodos muy violentos en los ochenta y noventa, pero es algo que desde entonces no había ocurrido con este nivel de fiereza.
Por su parte, los sectores medios y elites se han venido apertrechando, sobre todo mediáticamente, para criminalizar las protestas que ya van llegando a Lima.
En Brasil, el bolsonarismo ha seguido convocando a movilizaciones a pesar del escandaloso evento en el que vandalizaron las sedes de los poderes públicos, lo que que ha sido rechazado por innumerables líderes políticos del mundo, independientemente de su afiliación ideológica.
El desafío de la derecha radical contra la democracia apenas comienza.
El nuevo ciclo progresista se enfrenta a las más riesgosas amenazas y aún no sabemos cómo podrá sortearlas debido al inmenso poder acumulado por los sectores reaccionarios.
La disputa apenas comienza.
Con información de Agencias
Foto: Twitter
