El Comité contras las Desapariciones Forzadas de la ONU dio a conocer que servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México, de acuerdo a sus hallazgos publicados hoy.
‘La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos’, dijo el Comité en un informe que concluyó la visita de su delegación a México en noviembre.
‘Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales’, subrayó el Comité.
El informe detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas.
Había 95,121 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre. De esas, se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8.000 casos nuevos cada año en los últimos cinco años.
El Comité destacó la importancia del Registro Nacional, que da una idea de la magnitud de las desapariciones en México.
‘Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus’, constató el Comité.
‘Víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual’.
El Comité mostró preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones. También mostró preocupación por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado.
Durante la visita, el Comité también escuchó alegaciones de desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración. El Comité tomó nota de los obstáculos que impiden a las personas privadas de libertad contactarse con el exterior e informar sobre su paradero.
El Comité también recibió alegaciones de que a los migrantes detenidos ilegalmente en lugares desconocidos los perpetradores les quitaron los celulares y luego les exigieron dinero a las familias, a veces con el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.
El Comité encontró que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
‘La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto’, dijo el Comité.
El Comité también expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52,000 personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
Además, el Comité tomó nota de que, a pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
En sus recomendaciones, el Comité identificó medidas que el Estado parte debería tomar para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas.
El Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
Exhortó a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
‘Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas’, concluyó el Comité.
‘La desaparición forzada en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad’. El Comité reitera su compromiso inquebrantable de apoyar los procesos desarrollados para prevenir y erradicar esta tragedia humana.
Una delegación de cuatro miembros del CED visitó México del 15 al 26 de noviembre de 2021, de conformidad con el artículo 33 de la Convención.
La delegación visitó 13 estados, sostuvo reuniones con más de 85 instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con organismos autónomos, se reunió con cientos de víctimas y decenas de organizaciones de la sociedad civil.
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