Asesinatos, amenazas y la impunidad, principales obstáculos para los periodistas en México

En este período fueron asesinados seis periodistas y el sistema de protección no ha sido una herramienta eficaz de prevención y protección de los informadores.
El informe está disponible en inglés y portugués. La SIP aprobó además una resolución sobre la impunidad en el país.

Los asesinatos y otras formas de violencia contra periodistas; la existencia de un mecanismo de protección inoperante, las dificultades económicas de las empresas periodísticas, así como el deterioro de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, son los temas que predominaron en el informe sobre la situación de la libertad de prensa en México, presentado en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Cartagena, Colombia del 29 al 31 de marzo.

A continuación, el texto completo del documento:

«En este período han sido asesinados seis periodistas. En un par de casos hubo detenidos, pero sin que se hayan hechos públicos los móviles del crimen. En otros casos, y como parece ser ya costumbre, las autoridades se apresuraron a descalificar a las víctimas por encima de fortalecer las investigaciones.

Con el inicio de una nueva administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la relación con los medios de comunicación se ha deteriorado considerablemente.

Por un lado, está el tema de la publicidad oficial. El presidente Manuel López Obrador dijo desde su campaña que por razones de austeridad reduciría los presupuestos en campañas gubernamentales. Acusó que la publicidad oficial solo servía para mantener una relación insana entre el gobierno y los dueños de medios.

Sin embargo, en diciembre de 2018 el nuevo gobierno presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, etiquetando para comunicación social 4 mil 258 millones de pesos, cantidad similar a la solicitada por el gobierno anterior. No se justificó cómo se presupuestó esta cantidad o bajo qué plan o estrategia de comunicación social se basó.

El 1 de enero entró en vigor la Ley General de Comunicación Social (LGCS), votada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que permite la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos. Esta ley fue criticada en su momento porque no contiene controles suficientes en materia de comunicación social, situación que fomenta el uso proselitista del dinero público. Dicha ley no se ha derogado.

El 29 de enero la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial los lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019.

En el documento tampoco quedan claros los criterios con los que la autoridad pretende medir audiencias, tirajes y penetración de medios para otorgar la publicidad oficial, lo que podría prestarse a discrecionalidades indebidas.

La falta de claridad en este tema no ha sido el único escollo en el camino. El periódico Reforma acusó una persecución vía auditoría fiscal por su línea crítica. Reporteros que cubren «la mañanera» conferencia de prensa habitual del Presidente, han sido convenidos a evitar preguntas fuera de tiempo. No ha habido pronunciamiento oficial alguno sobre los periodistas asesinados desde que López Obrador tomó posesión pese a que combatir los crímenes contra periodistas fue promesa de campaña.

El 1 de diciembre fue encontrado sin vida el periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez. El cuerpo del reportero de nota roja y colaborador de diversos medios de comunicación en Nayarit, fue hallado a un costado de la carretera Tepic-Pantanal, en el municipio de San Cayetano, Tepic.

Trabajó ocho años en el diario Crítica Nacional Noticias hasta que fundó su propio proyecto, el medio digital Orión Informativo. El trabajo que Márquez realizaba desde Orión Informativo era sumamente crítico de funcionarios y servidores públicos locales.

Semanas después tres funcionarios de la Dirección General de Tránsito de Nayarit fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato, la directora del organismo, Patricia Betancourt, Santos Román Sánchez Muñoz, exjefe de Informática y Luis Alberto Hernández, que trabajaba en el área de licencias.

El 6 de diciembre el periodista Diego García Corona, reportero del semanario Morelos, fue asesinado mientras circulaba a bordo de su automóvil, en Ecatepec, estado de México. García, de 35 años, fue interceptado en la colonia Jardines de Morelos por un grupo de hombres armados. Le dispararon en las calles Playa de Marquelia y Avenida Jardines.

El periodista Rafael Murúa Manríquez, director de una radio comunitaria en el estado de Baja California Sur, fue encontrado muerto el 21 de enero de 2019, con signos de violencia. Murúa Manríquez fue director de Radiokashana. Había denunciado en 2018 haber recibido amenazas por su labor periodística. Entonces señaló a la administración del presidente municipal de Mulegé, Felipe Prado Batista, aunque no responsabilizó a alguien directamente.

Una semana después la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJEBCS) anunció la detención de Héctor «N», presunto homicida material del periodista. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, precisó en su cuenta de Twitter, que la Procuraduría continúa con las investigaciones.

El 9 de febrero, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, locutor de un programa de noticias en la radio del estado de Tabasco, falleció baleado en el municipio de Emiliano Zapata, mientras desayunaba con el dirigente del partido Morena en esa localidad, Carlos Enrique Campos, y el ex alcalde, Armín Marín Sauri. La víctima recibió ocho tiros.

Al día siguiente «Chuchín» hubiera cumplido 56 años de edad. De lunes a viernes conducía el noticiero «Nuestra Región HOY» por la estación Oye 99.9 FM.

El 15 de marzo fue asesinado Santiago Barroso Alfaro en San Luis Río Colorado, Sonora. Conducía el programa «Buenos Días San Luis» en la radio Río Digital, dirigía el diario digital RED 653, colaboraba con el semanario Contraseña y era catedrático de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado. Alrededor de las nueve de la noche tocaron en la puerta de su casa, cuando la abrió, fue atacado. Recibió varios disparos que le ocasionaron la muerte. Tenía 47 años, no se conocen antecedentes de amenazas en su contra.

El 25 de marzo López Obrador presentó en conferencia de prensa matutina, el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, este es el mismo sistema de protección que operaba desde el sexenio pasado.

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que hay 790 personas bajo el mecanismo de protección, de las cuales 292 (37%) son periodistas. El funcionario reconoció fallas en el mecanismo creado en el 2012 y aseguró que deberá revisarse. El mecanismo en función contempla las siguientes características: medidas urgentes (evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, protección de inmuebles y otras medidas necesarias para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios) y medidas tecnológicas y de prevención (entrega de botones de asistencia con App de localización, equipo celular, radio o telefonía satelital; instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona; chalecos antibalas, detector de metales, autos, otras).

También involucra a los propietarios de medios en la corresponsabilidad de las tareas de protección en general de sus periodistas y trabajadores. No obstante, los más recientes casos de periodistas asesinados trabajaban de forma independiente en sus portales digitales o en radios comunitarias, fuera de la estructura de un medio convencional.

En la noche del 25 de marzo fue hallado el cadáver del periodista de deportes, Omar Iván Camacho, debajo de un puente en el municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa. Camacho, de 30 años, desapareció desde el domingo luego de participar en la transmisión de un partido de béisbol.

Las autoridades no han brindado más detalles del caso. Camacho trabajaba para una estación de radio local, además de tener una página digital con contenido deportivo.

Durante este período han sido recurrentes los recortes de personal en medios de todo el país. Las causas aducidas en periódicos, estaciones de radio, televisoras, portales web y agencias de noticias es la mala marcha de los negocios periodísticos, poca publicidad privada, el cambio de hábito de consumo de medios de las nuevas generaciones y sobre todo mucha incertidumbre de las empresas respecto a la anunciada reducción de pauta publicitaria del gobierno federal.

Se mantiene constante la caída de venta de medios impresos, la migración de la publicidad a páginas web y de streaming, y una muy lenta capacidad para hacer que las plataformas emergentes como podcast, newsletter y redes sociales puedan ser monetizadas.

Otros hechos sobresalientes:

Daniel Blancas, periodista de La Crónica de Hoy, fue privado de la libertad por sujetos armados el 1 de febrero en Hidalgo. El reportero realizaba una investigación sobre los efectos de la estrategia de combate a la extracción ilegal de combustible en la región. A bordo de un vehículo y encapuchado, Blancas fue interrogado por media horas y advertido que si volvía a la región sería asesinado.

Durante el juicio que se le siguió a Joaquín «Chapo» Guzmán en una Corte de Nueva York se dio a conocer que los hijos del capo mexicano mataron al periodista mexicano Javier Valdez porque éste insistió en publicar una entrevista con el narcotraficante Dámaso López Núñez, conocido como «Licenciado» o «Lic». López, testigo en el juicio, dijo que Valdez «desobedeció las órdenes amenazantes de los hijos de mi compadre y por eso lo mataron.

Valdez, especialista en narcotráfico, cofundador del semanario de Riodoce de Sinaloa (noroeste) y colaborador de la AFP, fue asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2017. El 25 de enero, Griselda Triana, viuda del periodista, exigió justicia para esclarecer el asesinato de su esposo, durante una conferencia del presidente López Obrador.»

Consulte aquí los informes por país, las resoluciones y las conclusiones de la reunión.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

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