Una investigación periodística colectiva demostró que, en 2019, el Ejército mexicano compró el software Pegasus para espiar de manera ilegal por lo menos a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos, que estaban investigando presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
La información, que fue publicada por distintos portales de medios de comunicación, lo cual contradice al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había asegurado que durante su Gobierno ya no se realizaban este tipo de intervenciones.
Sin embargo, un grupo activista autodenominado Guacamaya hackeó el mes pasado millones de comunicaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la filtración de los documentos confirmó que la Sedena adquirió el sistema Pegasus y que lo operó del 1 al 30 de junio de 2019. Para entonces, hacía ya seis meses que López Obrador gobernaba el país.
Pegasus, que es propiedad de la empresa isralí NSO Group, ha provocado múltiples polémicas en diversos países, debido a la discrecionalidad con la que ha sido usado por varios gobiernos para espiar de manera ilegal a activistas y opositores.
El año pasado, otra investigación de medios a nivel internacional ya había revelado que el expresidente Enrique Peña Nieto gastó millones de dólares de recursos públicos para comprar el software Pegasus, con el que fueron intervenidos de manera ilegal por lo menos 15.000 teléfonos celulares, entre ellos los del propio López Obrador y su familia, además de periodistas y defensores de derechos humanos.
En ese momento, López Obrador condenó el espionaje y aseguró que su Gobierno ya no lo hacía.
Filtración de documentos lo comprueban
Sin embargo, los documentos ahora filtrados demuestran que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compró el software el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección ‘Guerra Electrónica’ de la Dirección General de Transmisiones, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio.
Pegasus sirvió para espiar por lo menos a tres ciudadanos: dos periodistas y un defensor de derechos humanos. Sus equipos fueron sometidos a un análisis forense por parte de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que ratificó que estaban intervenidos.
Gracias a este sistema, los espías lograron acceder a las contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos y aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También pudieron activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono, así como conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque.
El oficio que demuestra la compra está clasificado como «secreto» y se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el «servicio de monitoreo remoto de información», tal y como lo reporta un mail que forma parte de los millones de archivos de la Sedena obtenidos por el grupo Guacamaya.
Aunque López Obrador intentó minimizar el hackeo, los documentos han revelado información sensible, como el estado de salud del presidente y una emergencia médica que sufrió y de la que nunca se informó públicamente, así como denuncias de abusos sexuales en el Ejército que no se han investigado ni sancionado debidamente.
Este lunes, el mandatario volvió a desdeñar los riesgos que entraña la filtración de la Sedena y aseguró que no interpondrá ninguna denuncia en contra de los responsables.
‘El que nada debe, nada teme’, aseguró al advertir que no le importa que se publiquen datos de sus enfermedades, ya que lo grave sería que se demostrara que la Sedena fabrica delitos, reprime o tortura.
Con información de Agencias
Foto: Presidencia / Pixabay
