Una justicia efectiva requiere leyes sólidas, procesos respetuosos de los derechos y profesionales en constante preparación, afirmó Jordi Ferrer Beltrán, director de la Cátedra de Cultura Jurídica y del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, durante la inauguración del Congreso Internacional de Actualización Probatoria en la BUAP.
“Podemos tener las mejores leyes, pero si no contamos con operadores bien formados y los procesos judiciales no son respetuosos, el derecho no se aplica correctamente”, enfatizó Jordi Ferrer Beltrán, quien sostuvo que la aplicación de las normas se materializa en los procesos judiciales y depende del desempeño de quienes integran el sistema de justicia.
El gobernador Alejandro Armenta Mier consideró que el encuentro representa una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho, bajo el principio de que “todas y todos tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley”, además de consolidar un modelo institucional acorde con los planes estatal y nacional de desarrollo.
Armenta Mier señaló que el rigor jurídico y académico debe acompañarse de sensibilidad social para garantizar el acceso a la justicia de la población vulnerable, por lo que pidió evitar que la falta de recursos, la distancia o las condiciones de marginación impidan la aplicación efectiva de la ley.
“La población tiene el derecho fundamental de vivir con justicia y paz, así como de contar con el acompañamiento de las autoridades”, expresó Alejandro Armenta, quien convocó a profesionales de los ámbitos jurídico y académico a impedir que los principios constitucionales permanezcan como letra muerta.

Pedro Antonio Martínez Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, advirtió que detrás de cada elemento probatorio existen derechos, controversias y personas que esperan decisiones justas, sólidas y debidamente fundamentadas.
El magistrado señaló que la tecnología, los medios digitales y las nuevas formas de generar y transmitir información representan desafíos para la impartición de justicia, por lo que consideró necesario incorporar la capacitación permanente como parte de la cultura institucional.
Martínez Hernández destacó que la participación de especialistas de la Universidad de Girona permitirá acercar nuevas metodologías y corrientes de pensamiento a jueces, magistrados, profesionales del derecho y estudiantes, con el propósito de fortalecer la valoración de las pruebas y mejorar las resoluciones judiciales.
El presidente del Consejo de la Judicatura también anunció que el Poder Judicial de Puebla firmará un convenio de colaboración con la Universidad de Girona para impartir cursos y posgrados mediante la Escuela Estatal de Formación Judicial, con énfasis en la preparación jurídica y la aplicación del derecho con sentido social.
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