Era 2009 cuando empezaron a aparecer con más frecuencia noticias como estas:
‘México: hallan nueve cuerpos descuartizados’
‘La policía mexicana halla 14 cadáveres en una narcofosa’
Hacia ese año la violencia escalaba en México a mano de los carteles del narcotráfico y aumentaron los asesinatos en diferentes regiones del país.
Se hicieron frecuentes los cadáveres decapitados y exhibidos públicamente en puentes peatonales, con advertencias de carteles que se peleaban entre sí el control del tráfico de la droga.
La población civil empezó a verse afectada, especialmente quienes tenían ingresos que pudieran llamar la atención de los carteles, y eso hizo que muchos mexicanos empezaran a huir para protegerse.
Y fue ese el contexto en el que la familia Pérez (cuya identidad protegemos con un apellido ficticio) temió por su futuro y decidió huir.
Pero ¿cómo esta familia que intentó escapar antes de que fuera tarde, terminó resguardada durante meses en una iglesia protestante en Canadá?
El viaje
En 2009, cuando la cotidianidad empezó a sentirse muy peligrosa, los Pérez, como muchos otros mexicanos, tomaron la decisión de emigrar.
Llegaron primero a Estados Unidos y de allí intentaron cruzar a Canadá por la frontera terrestre. Lo que no sabían en ese momento es que, desde 2005, existe el acuerdo de tercer país seguro entre esos dos países.
Así que, con algunas excepciones, si alguien ha pasado previamente por EE.UU. no puede solicitar asilo al llegar a Canadá.
Y eso les dijeron a los Pérez las autoridades canadienses, no escucharon su caso, simplemente los regresaron.
Terminaron de nuevo en México sobrellevando la situación. Abrieron un negocio de comidas cerca de un plantel educativo y, como otros, empezaron a percibir la violencia como parte del paisaje.
Hasta que, nueve años después, la situación se volvió insostenible.
Los carteles empezaron a obligar a los civiles a colaborar con sus actividades ilícitas y quien se negaba se enfrentaba a la muerte.
Ese fue el caso de los Pérez. En 2018 ‘intentaron forzarlos a vender droga en el negocio familiar y como se negaron, recibieron fuertes amenazas’, le explica a BBC Mundo Stewart Istvanffy, el abogado que hoy representa a la familia.
Los llamaban advirtiéndoles qué si no colaboraban, tendrían que pagar una cuota periódica al cartel. La familia se mantuvo al margen, nunca aceptaron ser cómplices ni pagar extorsiones.
Hasta que las intimidaciones se hicieron realidad. Una noche mientras estaban descansando en casa, el cartel prendió fuego a su negocio.
Los Pérez supieron que tenían que huir. Algún conocido les había recomendado irse a una ciudad intermedia en Quebec, la provincia francófona de Canadá, y decidieron hacerle caso.
Planearon el viaje en poco tiempo y esta vez volaron directamente a Canadá.
Segundo intento
Al llegar al aeropuerto recibieron un permiso de estancia temporal por seis meses, al que tienen derecho por ser ciudadanos mexicanos.
A las pocas semanas, cuando estaban instalados, contactaron a una abogada que les habían recomendado, y con su asesoría presentaron una solicitud oficial de asilo.
Pero ahí se encontraron con otra sorpresa: los Pérez no sabían que, en 2009, cuando los regresaron a EE.UU., había quedado como constancia un rechazo a su petición de asilo y eso, en las leyes canadienses, les impide hacer una nueva solicitud.
‘A lo que sí tenían derecho era a algo que se llama Evaluación de Riesgo Antes del Retorno (ERAR por sus siglas en francés)’, explica Istvanffy.
Enviaron documentos para esa evaluación, pero no incluyeron las pruebas más importantes y evitaron hablar del cartel que los tenía amenazados. Tenían miedo a que les pudieran hacer algo a sus familiares que seguían en México.
Mientras Canadá revisaba el caso, les otorgó un permiso temporal de empleo.
Fue así como durante casi tres años la familia logró tener una cotidianidad. Consiguieron trabajo, una casa, un hijo entró a la escuela, tomaban clases de idiomas y pagaban impuestos.
Durante ese tiempo, otro miembro de la familia intentó retomar el negocio en México.
Había pasado más de un año desde el incendio y cuando el cartel descubrió que estaban atendiendo público empezaron de nuevo las amenazas e intimidaciones.
Como volvieron a negarse, ‘los encerraron en un baño de la casa [a una pareja con un menor de edad], los ataron de pies y manos, echaron gasolina por todas partes y prendieron fuego a la casa. Intentaron quemarlos vivos’, cuenta Istvanffy.
No murieron porque una de las personas logró soltar las ataduras de las manos y liberar a los demás. La casa se quemó completamente y «ellos quedaron con estrés post traumático fuerte y ansiedad», explica Istvanffy.
Hoy, esa parte de la familia también se encuentra en Canadá y espera recibir asilo.
La decisión
La evaluación del caso coincidió con la llegada de la pandemia y todo se retrasó, por eso solo hasta finales de 2021 los Pérez recibieron la respuesta oficial a su petición de asilo.
Para las autoridades canadienses la documentación de la familia no demostraba que estuvieran corriendo riesgo en México, así que les enviaron una orden de extradición para que abandonaran el país al poco tiempo.
‘El gobierno canadiense argumenta que no están obligados a regresar a ese sitio en específico, pero la realidad es que los carteles son muy fuertes y están presentes en todo el territorio mexicano. Desgraciadamente allí hay un narco-estado’, agrega Istvanffy.
‘Es muy triste. Estamos ante un gran riesgo si regresamos a México, un gran riesgo de que nos maten, de que nos asesinen’, le dijo uno de los miembros de la familia a la cadena CBC.
Y esa es justamente una de las críticas que ha hecho la comunidad canadiense al gobierno: por qué le dice a esta familia que no corre riesgo en México, pero al mismo tiempo recomienda a los ciudadanos canadienses no viajar a ese país dada la situación de inseguridad.
La iglesia como última opción
En medio de la angustia por tener que regresar y enfrentarse al cartel que los ha atacado y amenazado, la familia tomó la decisión de refugiarse en una iglesia y apelar al ‘santuario’, una tradición que no está inscrita en el código legal, pero que se remonta ‘al derecho canónico anterior a la constitución de Canadá como país, cuando la iglesia tenía la facultad de proteger a quien se refugiaba allí’, explica Istvanffy.
Según informó la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá a CBC: ‘si bien no existe una restricción legal para que ingrese a un lugar de culto para ejecutar una orden de arresto, la Agencia prefiere involucrarse con las personas sujetas a la aplicación de las leyes de inmigración y la institución que brinda santuario con el objetivo de lograr el cumplimiento voluntario.’
A los Pérez los acogió una iglesia protestante.
‘No deseamos contravenir las leyes de inmigración de nuestro país, sino aprovechar la práctica antigua y canónica de ofrecer refugio a las personas que están bajo amenaza o persecución. Deseamos brindarle a la familia el tiempo que necesita para permanecer en este país de manera legal y adecuada, al mismo tiempo que los protegemos de la amenaza muy real para sus vidas y su seguridad si regresan a su lugar de origen’, dijo la congregación en un comunicado.
Hay un comité de la comunidad local que les acompaña y se encarga de que no les falte lo necesario y que reciban apoyo psicosocial mientras permanezcan en la iglesia. Ellos mismos se encargaron de ponerlos en contacto con Stewart Istvanffy, abogado defensor de derechos humanos, quién tomó el caso desde noviembre de 2021.
Istvanffy encontró que los Pérez sí tienen pruebas suficientes para demostrar el peligro que corren en su país, pero que hubo fallas en su caso: ‘hubo un problema y es que en el proceso del ERAR, la familia no presentó todas las pruebas del peligro’.
La abogada que los asesoró antes no adjuntó toda la documentación y ahora, cuando la situación es aún más crítica, esperan que esas pruebas sean tenidas en cuenta, así como que se escuche a la familia, pues en lo que lleva el proceso nunca han tenido la posibilidad de dar su testimonio a las autoridades.
‘Lo que esperamos es que el ministro de Migración de Canadá les dé un estatus temporal y luego la residencia permanente. Esto basado en el apoyo que han recibido de la comunidad canadiense’, agrega el abogado Istvanffy.
Se refiere a varios eventos de solidaridad que se han llevado a cabo en Quebec. Hubo, por ejemplo, una marcha de solidaridad con la familia en la que participaron más de 200 personas. Además han recibido el apoyo de algunos políticos locales.
‘Estoy muy optimista. Porque han logrado movilizar gran parte de la comunidad. Creo que vamos a ganar eventualmente, no sé cuándo’, agregó.
La alcaldesa de la ciudad en la que se encuentran los Pérez, por su parte, le ha dicho a la prensa canadiense que está conmovida con la historia y anotó que la discutirían internamente.
Entre tanto, la diputada federal que representa a la ciudad en el parlamento se reunió con la familia y lamentó su dramática situación. También le dijo a CBC que, aunque no puede comentar detalles del caso, está en comunicación con el ministro de Migración.
Con información de Agencias
Foto: Pixabay
