El traspaso de la Guardia Nacional (GN) al control operativo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha sufrido un nuevo revés, después de que una jueza ordenara la suspensión indefinida de esa medida.
La jueza Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, Karla María Macías, emitió la resolución este lunes y ordenó que se devolviera el control de la corporación policiaca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En la práctica, el dictamen significa un frenazo a la entrada en vigor del decreto que ordena la militarización de GN, publicado el pasado 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Según Proceso, la suspensión puede ser impugnada mediante un recurso de revisión.
La resolución se da a raíz de un recurso interpuesto por Ángel Castro Gómez, representante de la organización civil Uniendo Caminos México, quien rechaza el traspaso de la corporación a la Sedena por considerar que la medida puede poner en riesgo libertades sociales y causar un «efecto inhibidor y amedrentador» de la protesta.
Para justificar su decisión, Macías recalcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados deben limitar el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la delincuencia común o violencia interna, ya que las funciones militares son distintas a las que desarrollan las corporaciones policiales.
‘Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues solo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución’, dice el dictamen.
En cuanto a las cuestiones administrativas, la resolución ordena a la secretaría de Hacienda y Crédito Público a que realice ‘todos los actos necesarios’ para que no se efectúe el traspaso de recursos o se restituyan los que ya hayan sido transferidos.
No es la primera vez que se introducen este tipo de amparos contra la medida que quiere llevar a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde que se anunció el proyecto, se han interpuesto ante la justicia más de 50 recursos para frenar el proyecto.
López Obrador sostiene que ‘es muy importante’ que las Fuerzas Armadas se mantengan en las calles para controlar el crimen, mientras que acusa a la oposición de ‘hipócrita’ por negarse a esa posibilidad ahora, cuando sí avalaron la militarización de la seguridad pública durante las gestiones anteriores.
Desde su fundación, en marzo de 2019, se estableció que la Guardia Nacional, una organización civil, fuese apoyada por la milicia hasta 2024, en lo que creaba las bases necesarias para poder operar de manera independiente. Sin embargo, dados los altos índices de violencia en el país, López Obrador pidió la extensión de la medida hasta 2028.
Con información de Agencias
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