El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó este viernes tres suspensiones definitivas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El juzgador radicado en la CDMX puso así freno a la intención del Gobierno de cambiar las reglas del juego a favor de la generadora estatal, CFE.
López Obrador acudirá a la Suprema Corte
La disputa alrededor de la nueva ley de la industria eléctrica deberá ser resuelta en el máximo órgano judicial del país, la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
La nueva ley ha sido desafiada en tribunales por empresas inconformes, que han recibido suspensiones provisionales contra la nueva norma, lo que ha molestado al mandatario, quien aseveró que, hasta grandes empresas, como el panificador Grupo Bimbo y la minorista Wal-Mart de México se han amparado.
Ni Wal-Mart de México ni Grupo Bimbo respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre lo dicho por López Obrador.
‘Vamos a que resuelva la Suprema Corte’, dijo López Obrador, y añadió que ‘seguramente’ el tema llegará al máximo tribunal.
Los recursos legales han logrado frenar la entrada en vigor de las modificaciones aprobadas por el Congreso a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y se espera que pronto se emitan suspensiones definitivas, abonando el camino para que el tema llegue a la Suprema Corte.
La nueva LIE establece que las centrales de la CFE, incluyendo las que usan combustóleo y carbón, despacharán primero su energía a la red, además de que la empresa no estará obligada a comprarla a través de subastas, que habían beneficiado a generadoras solares y eólicas, muchas de ellas con capital extranjero.
También se podrán revisar viejos contratos con Productores Independientes de Energía (PIE), entre los que se encuentran la española Iberdrola, mientras que el regulador del sector energético, la CRE, podrá revisar y revocar permisos de autoabasto, un esquema del que el Gobierno alega se ha abusado en detrimento de la empresa estatal.
Disputas legales ante tribunales internacionales
El Senado de México recientemente aprobó la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que busca favorecer la generación de energía a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por encima de energías limpias y empresas privadas.
Sin embargo, hay que recordar que desde que se dio a conocer la iniciativa de AMLO, no solo manifestó la inconformidad de las empresas afectadas dentro y fuera de México, sino que diversos organismos, cámaras y asociaciones se pronunciaron en contra de la reforma; algunos de ellos alertaron sobre un panorama poco alentador que se le vendría a la nación mexicana.
Infobae México consultó a especialistas en el tema que enlistaron algunas de las complejidades y riesgos para el país que la nueva política energética conlleva, desde amparos y encarecimiento de servicios y productos, hasta la imposición de aranceles y conflictos que se resolverían en tribunales internacionales.
Riesgos nacionales
En febrero pasado, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, uno de los grupos de presión más importantes del país, advirtió que la iniciativa podría restaurar el monopolio de la CFE, elevaría significativamente el costo de la electricidad, limitaría el acceso a energía limpia para los mexicanos y violaría los diferentes acuerdos comerciales que México está obligado a cumplir.
En entrevista, Víctor Ramírez, Vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, coincidió con las advertencias del organismo, pero aclaró que este incremento en el costo de la electricidad no se verá reflejado en los recibos de luz domiciliarios, puesto que el Estado mexicano continuará subsidiando este aumento; sin embargo, sí impactará en aquellos comercios e industrias que no tienen subsidio (manufactura, construcción, hospedaje, etc.), lo que al final provocará que todos los productos y servicios se encarezcan.
‘Lo que sí va a incrementar es el costo para los que no están en tarifas subsidiadas: el mercado eléctrico o el costo de la industria, empresas y comercios que finalmente será un encarecimiento de los costos de todos los productos que consumimos los mexicanos’, alertó.
Además, señaló que lo que México gastaría aumentando dicho subsidio para no incrementar los precios domiciliarios de luz, lo podría invertir en otras áreas de mayor urgencia, como la compra de vacunas contra COVID-19.
Por otro lado, la CFE cuenta con plantas de generación baratas y caras; estas últimas —que usan combustibles altamente contaminantes como el combustóleo, carbón y diésel— sustituirán a las plantas de generación más baratas que corresponden a las de energía renovable y a las plantas térmicas de las empresas privadas. En este escenario, la energía además de más cara, sería más contaminante.
Riesgos internacionales
Expertos en el tema aseguraron que la reforma podría marcar un punto de quiebre entre México y sus socios comerciales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues con la nueva política se violan los compromisos plasmados principalmente en los capítulos 14, 21, 22 y 28 sobre inversión, competencia, empresas propiedad del estado, medio ambiente y buenas prácticas regulatorias del acuerdo internacional.
‘No es posible evadir el T-MEC. En el momento en el que las empresas que están invirtiendo en México sientan que se están dando condiciones no competitivas y que les están cambiando las reglas con las que invirtieron, van a poder ampararse y ahí el Estado mexicano tiene todas las de perder’, estimó Ramírez.
Por su parte, Daniela Pontes, especialista en regulación de la industria eléctrica, pronosticó que ‘el gobierno se expondrá a un escenario de disputas legales de carácter internacional, donde las partes afectadas harán uso de los instrumentos de defensa dispuestos en el T-MEC; de ese modo, una empresa podría demandar al Estado mexicano y el conflicto se resolvería en un tribunal especializado internacional’.
