Durante la reunión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales en la que se discutió la minuta enviada por la Cámara de Diputados en materia de Guardia Nacional, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo propuso diversas modificaciones a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y la temporalidad de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
A fin de garantizar los derechos humanos durante el ejercicio de las funciones de la guardia nacional, la legisladora del Partido del Trabajo propuso modificar el artículo 13 de la Minuta turnada por la Cámara de Diputados a fin de que los delitos cometidos por elementos de la guardia nacional sean conocidos por la autoridad civil competente; en tanto, que las faltas y delitos contra la disciplina militar sean conocidas por las autoridades y tribunales militares.
“Además, agregaríamos que no podrán ser juzgados aquellos elementos de la guardia nacional que desobedezcan las ordenes de su superior jerárquico si estas vulneran los derechos humanos”, indicó la senadora por el estado de Puebla.
Respecto a la temporalidad de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, de la Sierra Arámburo presentó una propuesta para incluir un quinto artículo transitorio para establecer un plazo máximo de cinco años, en tanto la guardia nacional desarrolla su estructura, capacidades y su implementación territorial; una vez transcurrido dicho lapso, únicamente los elementos pertenecientes a la guardia nacional podrán realizar labores de seguridad pública.
La senadora petista alertó la necesidad de reformar el artículo transitorio segundo de la minuta para evitar que la guardia nacional inicie sus operaciones sin una ley orgánica, para lo cual propuso que la guardia nacional asuma las funciones previstas en el artículo 2 de la Ley de la Policía Federal, hasta que se expida la ley respectiva.
Finalmente la senadora Nancy de la Sierra advirtió que al estar desplegados elementos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es evidente que se requiere un Reglamento del -uso Legítimo de la Fuerza, por lo que puso sobre la mesa una propuesta que el Congreso de la Unión expida este reglamento en un plazo de 60 días luego y no en 120 como fue establecido en la Cámara de Diputados.
