Más de seis millones de personas podrían morir de sida en los próximos cuatro años si el gobierno de Estados Unidos retira los fondos a los programas de tratamiento y prevención, advirtió ONUSIDA este viernes.
Aunque la congelación de la ayuda exterior estadounidense del mes pasado incluyó una exención para los programas contra el VIH/SIDA, sigue habiendo mucha preocupación sobre el futuro, declaró Christine Stegling, subdirectora ejecutiva de la agencia a la prensa en Ginebra.
“Todavía hay mucha confusión, especialmente en las comunidades, sobre cómo se aplicará la exención. Y estamos viendo muchos trastornos en la prestación de servicios de tratamiento, sobre todo a nivel comunitario”, añadió Stegling.
El presidente Donald Trump suspendió durante 90 días la ayuda exterior que entrega Estados Unidos tras su toma de posesión el 20 de enero. En los días siguientes, el Departamento de Estado emitió una exención sobre el Plan de Emergencia del presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR) que aprueba la continuación o reanudación de la “ayuda humanitaria vital”, incluido el tratamiento del VIH.
Esto significa que 20 millones de personas seropositivas que dependen de la ayuda estadounidense para su tratamiento podrán seguir recibiendo medicación. “Son 20 millones de los 30 millones de personas que viven con el VIH en el mundo”, declaró Stegling.
“Como ONUSIDA, calculamos que si el PEPFAR no se volviera a autorizar entre 2025 y 2029 y no se encontraran otros recursos para la respuesta al VIH, se produciría un aumento del 400% en las muertes por sida. Eso son 6,3 millones de personas, 6,3 millones de muertes relacionadas con el sida que se producirán en el futuro”, detalló.
Desde su creación en 2003, el PEPFAR ha salvado más de 26 millones de vidas invirtiendo en programas fundamentales de prevención, tratamiento, atención y en 55 países, según ONUSIDA.
Lo que más preocupa a ONUSIDA es el impacto a largo plazo de la congelación de la financiación estadounidense en la prevención de nuevas infecciones, ya que la mayoría de los servicios son comunitarios y reciben fondos internacionales, mientras que los gobiernos nacionales tienden a centrarse en mantener a las personas en tratamiento.
El caso de Etiopía
ONUSIDA dice que la mayor interrupción se producirá en los centros de salud comunitarios, que son vitales para el éxito frente al VIH. En Etiopía, se han rescindido los contratos de cinco mil contratos de trabajadores sanitarios públicos financiados por la ayuda estadounidense, así como de 10 mil personas encargadas de gestionar los datos de los pacientes y dar seguimiento.
Etiopía está en vías de alcanzar los objetivos mundiales 95-95-95: el 90% de las personas seropositivas en Etiopía conocen su estado serológico; el 94% de las personas diagnosticadas de VIH reciben tratamiento antirretroviral; y el 96% de las personas que reciben tratamiento logran la supresión vírica. En la actualidad, 503.000 personas reciben tratamiento antirretroviral en 1400 centros sanitarios de todo el país.
- 2385 personas no podrán seguir accediendo al tratamiento antirretroviral, contra la tuberculosis y contra enfermedades de transmisión sexual
- 18.075 personas dejarán de recibir apoyo para los servicios sanitarios y asistenciales
- 14.811 personas no tendrán apoyo para hacerse la prueba del VIH
- 879 personas dejarán de tener acceso a la profilaxis de preexposición para prevenir nuevas infecciones por VIH (PrEP)
- 100 personas dejarán de participar en el programa piloto de la nueva profilaxis inyectable que se administra dos veces al año.
- 235.560 personas dejarán de recibir preservativos para prevenir nuevas infecciones por VIH e infecciones de transmisión sexual.
Con información de ONU Noticias
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