La noche del lunes, Armando Ríos Piter pidió al poder judicial que se dieran las diligencias necesarias para que se reanuden las clases lo más pronto posible en la UDLAP.
Mediante un vídeo expresó su mayor disposición para que no se vean afectadas las clases y vuelva la normalidad al campus independientemente de que las autoridades sigan investigando el defalco que se denunció y habrían practicado anteriores directivos.
Mis compañeros Alberto Macuil y Martín Gutiérrez dieron cuenta de la resolución judicial que ordenó reanudar actividades.
“Este 1 de febrero, la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Puebla, Magally Escamilla Rodríguez, resolvió reanudar las actividades, educativas y académicas presenciales de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), bajo la operación del Patronato que encabeza el Licenciado Horacio Magaña con el aval de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, mismo que nombró como rector de la Institución a Armando Ríos Piter”.
Lo anterior lo confirmó el abogado del Patronato, Rodrigo Gurza Cárdenas quien acudió a la audiencia programada en Casa de Justicia.
En entrevista para El Heraldo de Puebla, Gurza Cárdenas manifestó que la resolución que dio la jueza fue que ordenó al rector, personal administrativo y docente para que se presenten a laborar, situación que se dará el 7 del presente mes.
«Esto significa que el patronato legalmente constituido que encabeza Horacio Magaña con el rector Armando Ríos Piter hagan las acciones para reanudar clases en la UDLAP, que los alumnos regresen a estudiar. Vamos a buscar que esto se traslade en la operación por los personajes que tanto dicen que se interesan por la comunidad estudiantil. Los exhortamos a que se presenten a sus puestos, Cecilia Anaya es Vicerrectora, el rector es Armando Ríos», enfatizó.
El Poder Judicial del Estado de Puebla, a petición de la Fundación Mary Street Jenkins, en una audiencia citada desde el pasado 28 de enero, a través de la Jueza de Control Magally Escamilla Rodríguez, resolvió que deben generarse las condiciones para reanudar las actividades educativas y académicas presenciales de la UDLAP, sin ningún tipo de empleo de la fuerza pública y con la coadyuvancia pertinente de la Secretaría de Educación.
Es tiempo de que unos y otros pongan los intereses de los estudiantes por encima de los suyos, y que por supuesto las autoridades desahoguen investigaciones y corran las sanciones correspondientes.
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