El senador José Erandi Bermúdez Méndez presentó una iniciativa para incrementar las sanciones para el delito de extorsión, y considerar en el tipo penal si se comete a través de violencia o intimidación, así como el daño moral que se le cause a las víctimas.
Bermúdez Méndez dijo que este ilícito ha persistido en el país desde hace varios años, constituyéndose como un acto en contra de los derechos humanos.
El legislador del PAN explicó que aún no se actualiza el alcance de este delito, por lo que no incluye el prejuicio moral o psicológico que provoca; además, las sanciones de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días multa que contempla el Código Penal Federal, no han sido suficientes para inhibirlo.
El senador propuso reformar el artículo 390 de dicho ordenamiento para imponer de cuatro a 16 años de prisión y de 200 a 800 días multa, “al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial o moral, con violencia o intimidación”.
En la iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el legislador consideró necesarias sanciones más severas para la extorsión, ya que las víctimas son forzadas a actuar de determinada forma o entregar algún bien, con base en el temor a que les suceda algo a ellas o a su familia.
Lo que afecta, no sólo su patrimonio, sino su tranquilidad y sus relaciones interpersonales, debido a que el miedo generado los obliga a hacer cambios muy drásticos, además que, en muchos casos la psicosis es permanente.
Bermúdez Méndez destacó que con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional reportó que en México se registraron 6.6 millones de actos de extorsión.
Lo anterior, se traduce en una tasa de siete mil 719 casos por cada 100 mil habitantes; y en 93.2 por ciento de ellos se comete por teléfono.
Por lo que, subrayó, es necesario asegurar una legislación apropiada que no sólo proteja la libertad, la tranquilidad psicoemocional y la dignidad humana, sino también la vida misma y, por ende, la estabilidad de toda una sociedad.
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