La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó conceder al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la suspensión solicitada, para que el Pleno pueda sesionar con sus cuatro integrantes actuales, esto como medida cautelar en tanto el Senado de la República cumple con el nombramiento de los Comisionados pendientes.
Una vez notificado el fallo y tras más de 140 días sin poder sesionar, el Pleno del INAI quedará habilitado para celebrar sesiones ordinarias, en las que presentará, discutirá y resolverá los más de 8 mil recursos de revisión acumulados.
Es importante dejar claro que cada asunto representa a una persona que vio vulnerado su derecho de acceso a la información o el de protección de datos personales y se mantiene a la espera de que el Pleno emita una resolución.
El 27 de marzo de este año, el INAI interpuso ante la SCJN la controversia constitucional 280/2023, en la que demandó la omisión del Senado de la República para nombrar a tres Comisionados y solicitó la suspensión de la aplicabilidad del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia, para que el Pleno pudiera sesionar con su integración actual.
Al admitir a trámite la controversia constitucional, la ministra Loretta Ortiz negó dicha suspensión, hecho que fue impugnado por el INAI, a través del recurso de reclamación 229/2023.
Tras valorar los argumentos expuestos por el Instituto en el recurso de reclamación, este miércoles, la Segunda Sala de la SCJN, por mayoría de votos, le otorgó tal suspensión.
El Pleno del INAI, actualmente conformado por la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena; las Comisionadas Norma Julieta del Río Venegas y Josefina Román Vergara, y el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, reconoce el compromiso de la Segunda Sala de la SCJN con la defensa de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
El fallo da muestra de la importancia de los equilibrios de poder en el país, así como de la vigencia de un Estado de Derecho, en el que prevalezca el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos.
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