Morena, el partido de la mayoría en el Congreso, le tomó la palabra al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y propuso este miércoles en la Cámara de Diputados una reforma para prohibir las suspensiones que otorgan los jueces si impiden la operación y funcionamiento de paraestatales, como la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y Pemex (Petróleos Mexicanos).
La diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega, presentó una propuesta para adicionar dos fracciones al artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política mexicana, ‘para evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado’.
El objetivo, destacó la legisladora Ascensio, ‘es evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las paraestatales’.
En una iniciativa cargada de términos ideológicos en defensa del gobierno de López Obrador, la diputada morenista indicó que ‘la cuarta transformación’, en referencia a la actual administración, ‘tiene por objetivo acabar con la corrupción, la ‘burocracia dorada’ y el criminal saqueo en las empresas propiedad del Estado’. Además, advirtió que los altos salarios, ‘los negocios al amparo del poder’ y ‘el desmantelamiento de la CFE y Pemex’ fueron una práctica recurrente de gobiernos anteriores.
El artículo que busca modificar la iniciativa enlista aquellos casos en donde se considerará que ‘se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público de concederse la suspensión’. A los 13 casos específicos, la diputada Ascensio busca añadir dos más.
Que se considere en la Ley de Amparo que hay perjuicios al interés social si se otorga la suspensión ‘contra disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos’.
En segundo lugar, si la suspensión se otorga ‘en contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de empresas productivas del Estado’. Dicho artículo ya contempla que el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, ‘si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social’.
La diputada morenista argumentó que ‘indudablemente existe un derecho de defensa judicial previsto en el Artículo 14 constitucional, bajo el entendido de que nadie puede ser privado de un derecho sin antes ser oído y vencido en juicio conforme a las formalidades esenciales del procedimiento’.
Sin embargo, señaló, ‘la suspensión del acto reclamado no constituye una formalidad esencial del procedimiento judicial, sino una institución procesal que tiene por objeto evitar posibles afectaciones, pero que la misma debe estar supeditada al interés público por encima del interés individual’.
Además, concluyó, ‘no se debe dejar de considerar que algunas de las personas que han impugnado judicialmente en contra del régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del estado, tienen ligas o vínculos con funcionarios judiciales’.
Ante esto, sentenció, ‘al impugnar saben que gozaran de un proceso judicial a modo que se puede alargar, de tal manera que al gozar de la suspensión en lo que se tramita el juicio, virtualmente se mantiene el régimen del pasado’.
‘Debe recordarse que el pueblo votó porque se acabase dicho régimen, ese es el mandato popular que inspira a esta iniciativa”, completó la diputada Ascensio.
Y es que en los últimos días, dos jueces federales han otorgado poco menos de una treintena de suspensiones provisionales contra la reforma a la industria eléctrica de López Obrador, todas ellas con efectos generales, por lo que su implementación se encuentra pausada y es muy probable que así siga hasta que los juicios de amparo se completen, a pesar de las impugnaciones de la Secretaría de Energía.
Esto provocó la furia de López Obrador, que amagó contra el Poder Judicial y contra los jueces en cuestión, señalándolos en una carta enviada a Arturo Zaldívar, cabeza del Poder Judicial, para que sean investigados por sus actuaciones, en un movimiento que causó indignación entre la oposición por una posible invasión de poderes.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canalizó la solicitud presidencial y recordó que será el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), también a cargo de Zaldívar, quien se encargue de determinar si procede abrir una investigación. Además, Zaldívar le recordó que los jueces actúan ‘con autonomía e independencia’.
Con información de Infobae
