El gobernador Miguel Barbosa intervino para resolver un problema que generó el ayuntamiento de Cuautinchán con la mayor productora de concreto del país: Cemex.
Con la habilidad que le caracteriza, intervino ante la insensata suspensión que impuso la autoridad municipal en la planta de Tepeaca.
No es la primera vez que interviene en un conflicto generado por terceros.
Lo hizo con la amenaza de cierre multilateral anunciada por transportistas hace semanas.
Los juntó, les habló fuerte pero los escuchó -virtud que no han tenido otros gobernadores-.
También juntó a los trabajadores del ayuntamiento de Tehuacán, tras el estallamiento de la huelga por los incumplimientos del alcalde Felipe Patjane, hoy preso en el penal del municipio que debía gobernar.
Pero también se sentó con los transportistas en medio de la áspera negociación del alza al pasaje entre la Secretaría del Transporte que encabeza Guillermo Aréchiga y la mafia del transporte en Puebla.
Hace unos días logró hacer entrar en razón a la autoridad municipal y, de paso, pidió a la empresa que pague más predial.
Claro. La empresa paga el predial que le cobra el ayuntamiento. Supongo que en ningún lugar los contribuyentes dicen cuánto quieren pagar.
Pero más allá de ello, el gobernador exhortó a las autoridades municipales de Cuautinchán “a dejar que la empresa Cemex funcione con todas las garantías debidas, e invitó a la cementera a cumplir con sus obligaciones y seguir apoyando a la comunidad”.
La nota de mi compañero Martín Gutiérrez refleja la buena gestión del Ejecutivo.
Textualmente dijo: “Exhorto a la empresa a que cumpla con este tipo de obligaciones muy sencillas para una empresa global como es Cemex, y exhorto a la autoridad municipal a que deje a la empresa ejercer sus funciones que desarrolla”.
Sin duda el gobernador sabe de la relevancia de mantener el empleo y la inversión privada en Puebla.
Gracias y nos leemos el lunes.
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