El Senado de la República aprobó las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Los cambios fueron avalados en lo general, con 83 votos de senadores Morena, PT y PVEM; y 38 votos en contra del PAN, PRI y MC. Mientras que en lo particular el dictamen fue aprobada por 81 votos a favor y 31 en contra.
Se trata de cambios que responden a la necesidad de perfeccionar la institución del amparo como mecanismo central de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad, así como de evitar el uso abusivo o dilatorio de los recursos administrativos y judiciales en materia fiscal que obstaculizan la recaudación de créditos firmes y afectan el interés social y el orden público.
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que la minuta deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo contenido se analizó en las audiencias públicas que organizaron las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, donde se escucharon a 41 especialistas.
Refirió que posteriormente se reunieron las comisiones dictaminadoras para analizar, discutir y aprobar el dictamen correspondiente, que modificó sustancialmente la iniciativa, por lo que una vez aprobado en comisiones se puso a consideración del Pleno del Senado para una amplia discusión y, una vez que fue aprobada, se remitió a la Cámara de Diputados.
La colegisladora, explicó Castillo Juárez, también realizó audiencias públicas con especialistas en la materia. Indicó que el proyecto remitido por la colegisladora “no introduce cambios sustanciales” al cuerpo del proyecto de decreto originalmente aprobado por el Senado, pues únicamente se modificaron los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, así como los artículos primero, tercero, cuarto y quinto transitorios del proyecto de decreto.
Laura Itzel Castillo indicó que del artículo 128 de la Ley de Amparo, en la fracción III, modifica el término “interés público” por el de “disposiciones de orden público”, con lo que se elimina así una redacción ambigua que podría dar lugar a interpretaciones discrecionales y vulnerar la esencia garantista del juicio de amparo.
Asimismo, dijo, se suprime la fracción V que señalaba “que de ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación”, a fin de armonizar el texto con los principios constitucionales de progresividad y acceso efectivo a la justicia.
En cuanto al artículo 129, en la fracción XVI, se ajusta para precisar que se considerará contrario al interés social o a disposiciones de orden público continuar con actividades o servicios que requieran autorización federal cuando no se cuente con la misma, suprimiendo la referencia a casos de revocación o suspensión de permisos, fortaleciendo así la claridad jurídica y la correcta aplicación de la ley, refirió la presidenta.
En cuanto al régimen transitorio, detalló que en el artículo primero se mantiene la redacción de la propuesta original del dictamen, se incorpora un nuevo tercero transitorio en el que se establece con mayor precisión cómo se substanciarán los asuntos en trámite al momento de la entrada en vigor del decreto, y a partir de lo anterior indicó, los artículos 4 y 5 solamente se recorrieron en su orden debido a la incorporación del tercero transitorio.
De acuerdo con el dictamen enviado por la Cámara de Diputados, el artículo tercero transitorio señala que: “Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, presentó una moción suspensiva por considera a la reforma como “regresiva y no sustantiva”, pues es un instrumento de protección de derechos a partir del cual las y los ciudadanos se protegen de los abusos de poder, y las modificaciones son contrarias a este objetivo, por vulnerar derechos y definir el interés legítimo, de manera que la Ley de Amparo ya no cumple con el propósito de proteger derechos y garantías. Sin embargo, la moción fue rechazada por el pleno en votación económica.
En la discusión del dictamen, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, indicó que una vez más se está discutiendo el famoso y polémico artículo tercero transitorio de la “ley de desamparo”, porque en eso es en lo que han convertido esta figura, pues pese a que la misma presidenta Claudia Sheinbaum solicitó eliminar este transitorio, la Cámara de Diputados insiste en la aplicación del retroactivo.
Por el PRI, Carolina Viggiano Austria, afirmó que los diputados montaron el “mismo show”, recibieron a expertos y no corrigieron los problemas graves, por lo que esta ley es más poder al poder y menos acceso a la justicia, al ciudadano, pues el propósito del oficialismo es muy claro, “quebraron al país y ya no saben ni cómo y de dónde tener recursos”, por eso siguen con este asunto de la retroactividad.
Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, mencionó que entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados han llegado a un producto legislativo que, sin duda, es óptimo para la circunstancia que hoy se vive, por lo que si se estudian a fondo las modificaciones se darán cuenta que había mucha coincidencia en ambas reservas.
Del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirmó que esta reforma debilita al juicio de amparo, por lo que hoy queda más que claro que la supuesta corrección a la retroactividad fue una cortina de humo, una simulación para desviar temporalmente la opinión pública, de manera que esta reforma contraviene nuestra Constitución en materia de progresividad de los derechos humanos.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que hoy sin lugar a duda queda claro que no existe la retroactividad y que los derechos adquiridos están a salvo, de manera que la colegisladora perfeccionó lo que se debatió en el Senado, manteniendo el espíritu que defendieron, que es que el amparo sirva verdaderamente al pueblo y no sea un instrumento de abuso o de evasión de quienes buscan torcer la ley.
Fueron rechazadas las reservas presentadas por las senadoras Verónica Rodríguez Hernández, Laura Esquivel Torres y María de Jesús Díaz Marmolejo, del PAN, y por el senador Ángel García Yáñez, del PRI.
Una vez aprobado en lo genera y en lo particular, el dictamen fue remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
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