· El Gobernador advirtió que cualquier funcionario que no acate lo que marca la ley será sujeto a procedimientos administrativos y/o penales.
El Gobernador Marco Mena sostuvo una reunión con los integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado para reiterar la máxima importancia de cumplir con las disposiciones legales en materia electoral.
En este encuentro, advirtió que cualquier funcionario que no acate las disposiciones que marca la ley será sujeto a procedimientos administrativos y/o penales.
En su cuenta de Twitter, escribió: «Esta mañana me reuní con el gabinete legal y ampliado del @GobTlaxcala, para reiterar la máxima importancia de cumplir con la ley electoral. Advertí que cualquier funcionario que no acate las disposiciones que marca la ley será sujeto a procedimientos administrativos y/o penales».
Cabe recordar que, el pasado 23 de marzo, el Gobernador Mena firmó, junto con la Jefa de Gobierno, la Gobernadora y los Gobernadores del país, el Acuerdo Nacional por la Democracia que convocó el Presidente de México.
Derivado de ello, la Secretaría de Gobierno (Segob) notificó por escrito y personalmente a los titulares de las dependencias que forman parte del Poder Ejecutivo las disposiciones generales para garantizar elecciones libres y en el marco de la ley en el Estado de Tlaxcala.
También, los criterios sobre el correcto uso de recursos públicos, con especial atención durante la veda electoral, a partir del jueves 3 de junio y hasta la conclusión de la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 6 de junio.
Con fundamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, subrayó que, en caso de que algún servidor público incurra en actos contrarios a la normatividad, se hará acreedor a las sanciones que determine la Contraloría del Ejecutivo, además de las tipificadas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
De esta manera, el Gobierno del Estado reitera su compromiso de cumplir con las normas que rigen el actuar de los servidores públicos, así como con las disposiciones en materia electoral, relacionadas con el adecuado uso de los recursos públicos.
