Más que un préstamo, una extorsión. Los créditos llamados ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’ son una modalidad que existe en Colombia para las personas que no pueden acceder al banco para un financiamiento legal, por eso, el presidente Gustavo Petro les ha declarado la guerra.
La trampa de esos créditos es que los deudores terminan pagando intereses que van desde el 10 al 30 % mensual, lo que está tipificado como delito en el Código Penal. El impago, además, puede costarles la vida.
La semana pasada, el mandatario ahondó en su propuesta de eliminar el ‘gota a gota’ de la economía popular para reemplazarlo ‘por un sistema de crédito cooperativo’, que puede ser incluso digital, y que operaría de forma pública. En sus palabras, se trata de «una banca de desarrollo» para los sectores históricamente excluidos.
¿Es viable esa propuesta?
No es la primera vez que Petro hace este planteamiento. A los pocos días de haber sido electo, el mandatario propuso a la banca tres tareas que permitieran darle una guerra sin cuartel contra los prestamistas usureros: democratizar los créditos; dar más financiamiento al sector agrario e industrial; y avanzar en una ‘economía más descarbonizada’.
Pero sobre los dos primeros puntos está el hueso duro de roer para combatir la práctica del ‘gota a gota’, que lleva décadas siendo implementado por mafias, ya que el difícil acceso a la banca y al financiamiento formal en Colombia es el principal aliciente para que los pequeños comerciantes recurran a los ‘prestadiario’.
Desde el sector bancario aseguraron que estaban dispuestos a «trabajar juntos» con el Gobierno para abrir estas posibilidades, incluso desde lo privado, aunque insisten que todavía queda mucho camino por recorrer para cerrar las brechas.
La propuesta de Petro es que el financiamiento ‘popular’, con intereses más justos, esté a cargo del Banco Agrario, y que esta entidad destine al menos seis billones de pesos (equivalentes a 1,28 millones de dólares) para inyectar dinero a los sectores productivos de la economía.
‘Que el Banco Agrario se convierta en el más grande de Colombia’, dijo. En esa línea, Petro propuso que los créditos se otorguen con la tasa de interés del Banco de la República –que recientemente se subió al 10 %–, lo que significaría un financiamiento ‘barato’ si se compara con las tasas que cobran los prestamistas ilegales.
«Así, la medida del Banco de la República [criticada en su día por el presidente] se puede transformar en un hecho positivo», sostuvo el mandatario el viernes, aunque reconoció que la implementación de esa política implicaría directamente al Estado en todas sus fases para darle un impulso verdadero a la economía popular y campesina.
Economía ilegal, jugosa y subterránea
Según el Global Findex 2021 del Banco Mundial, el 60% de la población adulta está bancarizada en Colombia, lo que deja a otro 40% fuera del sistema formal. A esa realidad se suma el difícil acceso al crédito, que se ahondó aún más durante la pandemia de covid-19.
Si se pone la lupa en los pequeños comerciantes y los vendedores del sector informal, la situación es más dramática. Datos del DANE, citados por Forbes, señalan que la cifra de micronegocios que acudió al sector bancario para solicitar créditos bajó de 72,2 % en 2019, a 52,8 % en 2021, una caída de 19,4 % que enciende las alarmas.
En paralelo, se incrementaron los préstamos ‘gota a gota’. Si en 2019 el 13,9 % de los microemprearios optaban por los ‘prestadiario’, en 2021 el porcentaje se extendió al 24,4 % de los comerciantes, a pesar de los riesgos que conlleva esta práctica.
Aunque los mecanismos pueden variar, por lo general se trata de personas que tienen solo 30 días para pagar el monto total del préstamo obtenido y los intereses, mediante cuotas diarias (de ahí adquiere el nombre de gota a gota).
Las mafias por lo general utilizan a otros ciudadanos –llamados ‘goteros’– para actuar de cobradores y ellos, a su vez, usan métodos de intimidación para evitar la morosidad.
Si alguien falla en el pago diario, las consecuencias pueden ir desde amenazas al negocio o a los familiares, y hasta el asesinato del deudor. Como se trata de un préstamo obtenido por vía irregular, las víctimas de estas extorsiones pocas veces denuncian ante las autoridades y, paradójicamente, terminan trabajando solo para estar al día con sus financistas.
Pese a la ausencia de datos oficiales, un estudio de la Universidad Central, citado por Forbes, detalla que estas mafias –muchas veces vinculadas al lavado de dinero del narcotráfico- mueven alrededor de 84.400 millones de pesos mensuales (unos 21 millones de dólares).
Para Petro, este dinero que circula dentro de la economía se pone al servicio de las mafias, que aprovechan para legitimar capitales usando la necesidad de los más pobres. Así, se prevé que su propuesta de financiamientos «populares» no solo tendrá el reto de negociarse en varias instancias antes de convertirse en realidad, sino que probablemente encuentre la oposición de los que se lucran de un negocio con poca visibilidad, pero sumamente poderoso.
Con información de Agencias
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