Hoy podemos palpar el esfuerzo que las autoridades hemos llevado a cabo en los últimos años, desde distintos ámbitos de competencia, para que dentro del desempeño de nuestras actividades, logremos establecer el diseño y la implementación de políticas públicas focalizadas en maximizar los derechos políticos de las mujeres. Es nuestro deber ser garantes en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, mismos que se han logrado gracias a su incansable lucha por alcanzar espacios importantes en la vida pública de nuestro estado y nuestro país.
Se encuentran trazadas dos rutas para seguir estableciendo los ambientes óptimos en este camino de igualdad entre hombres y mujeres. Por un lado, el Estado debe mantener las condiciones para que las mujeres lleven a cabo sus actividades personales, familiares y laborales en un ambiente de plena seguridad, tranquilidad y paz social. Por otro lado, las instituciones del Estado deben continuar implementando acciones que garanticen el acceso al pleno desarrollo profesional de las mujeres.
En materia de seguridad, hace algunos días, con base en el análisis de la situación que viven las mujeres y niñas en el Estado de Puebla, la Secretaría de Gobernación Federal, a través de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 50 municipios de nuestra entidad, para lo cual se determinó la emisión de medidas de prevención, seguridad y justicia, tales como promover el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial, la prestación de servicios jurídicos, médicos, psicológicos especializados y gratuitos, además de la rehabilitación y la reparación del daño de las víctimas. Ante esto, celebro el compromiso manifestado por el Gobierno del Estado de Puebla, para la reparación del daño a través de las investigaciones correspondientes y la sanción de los actos de las autoridades omisas o negligentes que llevaron a la violación de los derechos humanos de las víctimas y garantizar que ciertos actos no queden impunes, para lo cual se deberán aportar los recursos presupuestales necesarios, así como los humanos y materiales para hacer frente a la contingencia de manera inmediata.
En lo que respecta a la garantía del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en Puebla, el Instituto Electoral del Estado tiene la responsabilidad de atender estos hechos, a través de los procedimientos sancionadores respectivos, así como mediante la adopción de medidas cautelares, ejecución de órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes y la remisión a la autoridad competente de las quejas o denuncias que reciba la autoridad electoral. Durante el Proceso Electoral 2017-208, se instauraron quince procedimientos sancionadores, respecto de posibles hechos de violencia política contra la mujer, y tres de ellos se resolvieron de manera favorable para las denunciantes, motivo por el cual se sancionaron con amonestación pública y algunas otras medidas de reparación ordenadas por la autoridad jurisdiccional, toda vez que no existe legislación local ni federal en la materia que establezcan un catálogo de conductas prohibidas y sus respectivas sanciones.
Sin duda, el entorno en el que se desenvuelven las mujeres en nuestro Estado tiene aún áreas de mejora; hoy también le corresponde a la mujer tomar decisiones en favor de la mujer, más aún si tomamos en cuenta la composición de los 212 ayuntamientos electos en 2018 y el Congreso del Estado, que reflejan una realidad de 1176 mujeres electas y 1054 hombres electos.
La autoridad electoral local continuará atendiendo este importante tema, a través de la implementación de la Guía para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres y establezco el compromiso para que, en coordinación con el Tribunal Electoral del Estado, el Instituto Poblano de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, sumemos esfuerzos a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres para atender esta causa.
Aprovecho este espacio para felicitar a mi ex colega Claudia Barbosa Rodríguez, promotora de los derechos políticos de las mujeres, quien desde el mes pasado preside el Colegio de Abogados Egresados de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, A.C.