Seguridad Social para los y las trabajadoras del Hogar

Mucho se ha escuchado al respecto durante los últimos meses, y es ya famoso el conocer que existe una resolución de la Corte en relación a dicho derecho reconocido. Pero hoy quiero hablar un poco más a detalle de la misma noticia. Y más importante, quiero platicar acerca del alcance de la misma, es decir, cómo y de qué forma va a afectar a aquellas personas que tienen a su servicio doméstico a alguna persona.

Primero, este derecho deriva de un juicio de amparo directo de número 9/2018 atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelto por el Ministro Pérez Dayán. Medularmente, la sentencia considera que el no asegurar a una trabajadora doméstica bajo los términos de la Ley del Seguro Social, bajo el régimen obligatorio, o bajo los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, es discriminatorio en dos vertientes constitucionales: Por una, es desconocer dicho trabajo como un trabajo protegido por el artículo 5º constitucional, y por otra, considera que es discriminatorio en una segunda vía al afectar principalmente tal omisión a las mujeres como género, al ser estadísticamente, el género que más se dedica a tal labor. De ahí que se haya otorgado la protección constitucional a la quejosa. Ahora, ¿quién es la quejosa? Una señora, cuyo nombre se ha ocultado por petición personal de la actora, quien cuenta con ochenta años de edad, y sirvió a una familia durante cuarenta y cinco de dichos años, sin contar con días de descanso obligatorios, o sin contar con los beneficios mínimos que un trabajo protegido por el citado artículo 5º debería otorgar, y desde luego, sin beneficios de seguridad social. Por ende, no solo se le concedió dicha protección constitucional, sino que además se le solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social que se tuviese ya un programa piloto para dicho cumplimiento durante el primer trimestre de este año, cuyos puntos principales debían ser otorgar facilidades administrativas para la ejecución y otorgamiento de dicho aseguramiento, el cual debe ser obligatorio y de fácil implementación. De igual manera, el fallo protector indicó que el método que idease dicho Instituto no debería generar la obligación a los patrones de integrarse o darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria. Una vez diseñado este programa piloto, deberá operar para que en un lapso de 18 meses, contados a partir de emitido el fallo protector constitucional, el IMSS esté en posibilidades de señalar la necesidades jurídicas de dicho régimen al poder legislativo, a efectos de llevar a cabo dichas modificaciones legales y poder otorgar el derecho creado por medio de la sentencia de número 9/2018 resuelto en amparo directo por la SCJN. Una vez efectuado todo esto, las autoridades cuentan con un plazo de 3 años para cubrir efectivamente con dicho programa a los casi 2.3 millones de trabajadoras(es) domésticas(os) existentes o calculadas(os). Una labor nada fácil, y que, por su premura, puede ocasionar diversos descalabros y huecos de ley al momento de ejecutarse, y que solo podrán ser reparados en el camino, mientras se localizan y reparan dichos puntos débiles.

 

Pero aquí estallan las dudas. ¿Cómo puedo otorgar seguro a alguien que me ayuda, si yo mismo no tengo seguro? ¿Cómo podría pagar dicho seguro, incluyendo INFONAVT, si ni yo mismo cuento con dichos beneficios? Otros más me han comentado que además de su pago, dan beneficios en especie a su trabajadoras, como es alimentación o transporte, y quieren saber cómo va a operar dicho esquema con dichas características que son difícilmente regulables jurídicamente hablando. Otros más preguntan ¿cómo va a poder probar la trabajadora, sin un contrato de prestación de servicio que compruebe su subordinación, su relación laboral con sus patrones? Y otra más, ¿Qué pasa si mi trabajadora no es de planta (Costumbre de los setenta, realmente, y en plena extinción.), sino que es de “entrada por salida”, y trabaja en otra cuatro cinco casas?

 

Abordaré estas preguntas lo mejor que pueda, con base en el contenido ya disponible del programa piloto mencionado, así como de lo expresado tanto por el director del IMSS como por la Secretaría del Trabajo en relación al cumplimiento a este fallo histórico.

 

Primero, el programa piloto será una plataforma digital. Es decir, será un trámite electrónico accesible, según parece, por internet. Esto a fin de dar mayor accesibilidad al mismo, y facilitar su integración administrativa a nuestra sociedad. Dicho programa también está condicionado a diversos actos ajenos a los que le crean e implementan. Por ejemplo, es tarea del Congreso el aprobar y ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo contenido versa exactamente sobre dignificación del trabajo doméstico, y la ratificación de dicho convenio, de acuerdo a nuestro artículo 1º constitucional, lo ascendería a derecho humano protegido constitucionalmente en nuestro país.

 

Pero ahora a las preguntas: ¿Cómo aseguro a mi trabajadora, si dicho aseguramiento es tan costoso que yo mismo como trabajador independiente, no tengo seguro social?

El sistema sería muy parecido a lo adoptados por Uruguay o Argentina en América Latina. Sería un sistema en que la jornada de trabajo estaría dividida por horas, y según las horas que haya trabajado contigo tu trabajadora, será la parte proporcional que deberá pagar dicho patrón. Veámoslo de otra forma: Si se trabajan 8 horas al día, cinco días a la semana para una semana laboral, se tiene que una semana laboral está compuesta por cuarenta horas. Pero, si mi trabajadora doméstica trabaja los martes y jueves conmigo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, entonces está trabajando para mi 10 horas a la semana, y por ende, mi obligación de aseguramiento es el monto proporcional a dichas 10 horas semanales, y cuarenta horas mensuales. Sin embargo, la sentencia de mérito indica que el derecho protegido en contra de la discriminación e la inscripción al régimen obligatorio de la ley de Seguridad Social. Si es así, entonces por fuerza dicho seguro social debe contemplar INFONAVIT. Y con ello, tenemos una curva de gastos que puede ser demasiado alta, y que, para una persona que ejerce su profesión de forma independiente puede ser incosteable. Si no puede esa persona asegurarse a sí misma, menos podría pagar el seguro e alguien más. Por ende, creo que el sistema que creen, no podrá manejarse idénticamente al seguro obligatorio, ya que originaría un rechazo social altísimo en contra de dicho aseguramiento, y con ello, menos gente buscaría personas que le ayudasen a hacer sus labores domésticas. Entonces, en ese caso, el tiro del gobierno federal saldría por la culata, puesto que en vez de redundar dicho fallo protector en una mejora de la calidad de vida de ese 2.3 millones de trabajadores domésticos, tendríamos que una parte de dichos trabajadores se queda sin trabajo por temor a los gastos que dicho empleo puede generar, y máxime cuando dicho aseguramiento es obligatorio, y no voluntario. Por ello, creo que el sistema deberá incluir INFONAVIT, sí, pero también una parte subsidiada por el Gobierno Federal, a fin de mejorar, como es su objetivo, la calidad de vida de dichas personas sin perjuicio de aquellas que les dan empleo.

 

Continuando con las preguntas, es de contestarse qué sucedería si el empleador da beneficios adicionales al trabajador. Pongamos un ejemplo. Yo pago una cantidad a mi empleada doméstica por sus cuatro horas de servicio semanal, pero también agrego desayuno y comida, así como gastos de transportación. En ese caso, se podría crear un sistema por medio del cual el patrón podría descontar el costo de dichos beneficios adicionales del monto que debe pagar por seguridad social, o si así lo prefiere el o la trabajadora doméstica, se podrá integrar dicho costo a su salario promedio. Ahora bien, de nueva cuenta, esto se puede prestar a varios malos usos generados por diversas causas. Una de ellas es que el patrón dé de alta en la plataforma digital dichos beneficios, pero la trabajadora niegue recibirlos. ¿Cómo podría el patrón probar que en efecto otorgó dichos beneficios? Por otra parte, es diferente dar alimentación y transporte en especie que otorgarlos económicamente, por lo que ello podría redundar en que diversos patrones que dan estos beneficios, prefieran omitirlos. Por otro lado, si la trabajadora doméstica cuenta con seguridad social, tiene mejores formas de defenderse económicamente y no sería tan necesario dicho beneficio adicional.

 

La siguiente pregunta es de las propias trabajadoras domésticas. ¿Qué pasa si mi patrón niega la relación laboral? Para ello se ha establecido hasta ahora un supuesto: Sería la trabajadora la que señale hora de trabajo, día y patrón con el que labora tales días y en tal horario en la plataforma digital. Con base en ello, el IMSS podría programar visitas de verificación, cuya naturaleza está exenta de citatorio previo, y verificar directamente si existe dicha relación laboral. En ese cao, si el patrón no acepta voluntariamente contar con el servicio de su trabajadora doméstica, el seguro social podría subsanar dicha negativa por medio de dichas vistas de verificación, y su acta circunstanciada relativa, que cuenta con presunción de verdad.

 

Y como última pregunta, ¿qué pasa si mi trabajadora labora con otros cinco patrones al ser “de entrada por salida”? Como ya había mencionado, el sistema actual indica que el tiempo laborado se divide ente los patrones, y el monto de aseguramiento sería proporcional al tiempo trabajado con cada uno. Por otro lado, también es muy factible que se generen “cuotas fijas” con base en horas/días laborados, a fin de facilitar administrativamente dicho aseguramiento, y al mismo tiempo, generando convicción y certeza jurídica en los patrones al mantener siempre un monto a pagar por este concepto con base en tiempos y días pre-fijados.

 

Quiero señalar que, si el patrón se encuentra registrado ante el SAT, y paga sus impuestos normalmente, este gasto o erogación debería ser plenamente deducible, puesto que a fin de cuentas no es un lujo contar con un trabajador doméstico cuando ambos padres tienden a trabajar, de acuerdo a nuestra realidad social, sino hoy en día, es una necesidad. Y si ya voy a pagar seguro social e infonvit a mi trabajadora doméstica, no menos justo sería que pudiese deducir dicho pago de mi contribución impositiva provisional o anual.

Para finalizar, quiero recordar a mis lectores que el programa será funcional hasta mediado o finales del año dos mil veinte, y primero deberá pasar por el poder legislativo a fin de realizar los ajustes en las leyes relativas a fin de encuadrar el nuevo régimen protector, sus alcances y consecuencias. Por ende, el comentar al respecto con base en el programa piloto y sus alcances está bien, pero no hay que perder de vista que este derecho es nuevo, y falta mucho camino antes de que se una verdadera realidad social con impacto genuino y potente en las vidas de los trabajadores domésticos afectos por dicho programa y fallo. Así que mi mejor concejo es que esperemos a ver cómo queda dicho programa, y en cuanto esté listo, con toda seguridad contarán con un análisis de dicho programa como derecho y obligación en esta misma columna.

 

¡Gracias por leerme!

 

Mtr. En Derecho Público Jesús Sergio Anzures Hernández.

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