‘Si hablamos de impartición de justicia tras un año, el avance es realmente nulo’.
Cristopher Estupiñán, abogado de un grupo de víctimas del accidente del metro de Ciudad de México del que este martes se cumple un año, critica con dureza el casi inexistente progreso visto en tribunales para juzgar hasta ahora a los presuntos responsables de la tragedia.
En efecto, han pasado ya 12 meses desde que un tramo del suburbano colapsara y provocara la muerte de 26 personas y dejara decenas de heridos en una línea, la 12, que presentaba innumerables fallos en su funcionamiento desde su inauguración, menos de una década antes.
Deslindar responsabilidades y reparar el daño: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que lo más importante es deslindar responsabilidades y reparar el daño a las víctimas.
Confió en la labor de la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, para hacer un trabajo adecuado, y en las indagatorias que se han emprendido para el deslinde de responsabilidades; y a la vez censuró a quienes tratan de ‘sacar raja’ del dolor humano.
‘Aquí lo que se tiene que concluir es lo de la responsabilidad (de quienes señale la justicia) y la reparación del daño. Seguir escuchando, atendiendo como lo merecen, a los familiares de las víctimas. Eso es básicamente (lo importante). Tengo confianza porque la jefa de gobierno es una mujer sensible y está haciendo su trabajo’, dijo durante la mañanera al ser interrogado sobre el tema a un año de los hechos.
Aún no hay imputados
La fiscal de Justicia de la capital, Ernestina Godoy, confirmó este lunes que una exhaustiva investigación determinó que el accidente fue debido a ‘diversos errores en su construcción’ y a que el diseño ‘presentaba deficiencias que ponían en riesgo la estabilidad estructural a largo plazo de la obra’.
Sin embargo, y pese a que la mayoría de víctimas ha alcanzado un acuerdo de indemnización económica con una de las empresas constructoras, los avances para determinar posibles responsabilidades entre los funcionarios que dieron luz verde a aquella obra son casi inexistentes.
Esta es una de las varias preguntas que persisten un año después sobre este proceso en el que las víctimas no dejan de reclamar para que se haga justicia y que, tanto autoridades como el resto de empresas implicadas en la construcción de la llamada ‘línea dorada’, asuman su responsabilidad.
No hay imputados oficialmente
En octubre, la Fiscalía capitalina anunció la investigación abierta sobre ocho exfuncionarios relacionados con la obra del tramo siniestrado y sobre los representantes legales de dos empresas, entre ellos el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.
Desde entonces, hasta en tres ocasiones se han programado audiencias para imputar a estas diez personas de manera formal por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño culposos. Sin embargo, ninguna se pudo llevar a cabo.
Autoridades se defienden
La fiscal Godoy defendió este lunes que ‘en ningún momento ha existido impunidad’ hacia los presuntos responsables.
‘Tradicionalmente, se piensa que la justicia consiste únicamente en cárcel para quienes deben ser sancionados (…). Para que haya justicia se requieren sanciones, sí, pero sobre todo se requiere reparar el daño y ofrecerle verdad a la sociedad’, dijo en un mensaje divulgado en redes sociales.
Así, la funcionaria destacó en su lugar la firma de los acuerdos en forma de indemnizaciones alcanzados con una de las empresas constructoras. ‘La reparación del daño es sinónimo de justicia’, enfatizó.
Si bien aclaró que ‘no hay monto que pueda reparar la pérdida de un ser querido’, calificó el acuerdo como algo ‘histórico’ y sin precedentes para ‘atender integralmente a las víctimas y familiares y que puedan, dentro de lo posible y deseable, regresar a su vida cotidiana’.
La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió también la validez de estos acuerdos alcanzados con los constructores.
‘Sí es justicia. Es una justicia en donde no hay personas en la cárcel, no hay un proceso muy largo de amparos que puede llevar años sino que lo que se establece es, si la víctima está de acuerdo con una justicia restaurativa, se procede hacia eso’, defendió este lunes.
¿A qué acuerdos de compensación económica se han llegado?
Los acuerdos reparatorios con los constructores de la línea 12 se alcanzaron hasta ahora entre el 90% de víctimas y Grupo Carso, propiedad del multimillonario Carlos Slim, a cambio de que los afectados desistan de futuros procesos legales en su contra.
El trato es confidencial. El abogado Estupiñán confirma que, tras semanas de negociaciones, las indemnizaciones logradas para sus clientes fueron hasta un 250% superiores a las inicialmente planteadas tras atender las características particulares de cada víctima.
Pese a firmar el convenio, la empresa Carso no reconoció tener culpabilidad en el accidente. ‘No implica, ni debe interpretarse, considerarse o tenerse, como reconocimiento de responsabilidad alguna’, se lee en un documento del acuerdo al que tuvo acceso el diario El País.
¿Qué buscan las víctimas?
Solo 12 de las 124 víctimas, entre heridos y familiares de fallecidos, no aceptaron hasta ahora el acuerdo reparatorio.
‘No quieren dinero, sino justicia y la garantía de no repetición, dijo su abogado, Teófilo Benítez, en entrevista con Milenio TV.
Muchas de las otras víctimas, como Remigio Gayosso, aspiran a que este proceso -que apenas arrancó- llegue pronto a su fin. «Queremos terminar con esto y llegar a un acuerdo [con las otras empresas] lo más pronto posible», le dice a BBC Mundo.
Este hombre de 42 años y padre de dos niñas resultó gravemente herido con fracturas en un brazo y una pierna cuando regresaba a casa en metro de su trabajo como vendedor de pizzas. Tras varias operaciones, define su estado de salud ‘al 90%’, pero dice que aún no pudo volver a trabajar por los dolores y terapias que todavía debe seguir.
¿Cómo seguirá el proceso?
La audiencia prevista para este lunes en la que los diez investigados iban a ser formalmente imputados fue aplazada hasta el 6 de junio, aunque el abogado Estupiñán no descarta que pueda volver a alegarse otro motivo por parte de los señalados que desemboque en una nueva demora.
Sobre si podría aumentar el número de investigados durante el proceso, el letrado asegura que ‘sí hay posibilidad, y así debería ser’. Sin embargo, ‘hemos solicitado al Ministerio Público que se amplíe la investigación respecto a las empresas responsables, pero no parece haber disposición de hacerlo’, declara.
Con información de Agencias
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