Los cambios constitucionales propuestos por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para modificar el sistema electoral del país podrían socavar gravemente la independencia de las autoridades electorales, lo cual pone en riesgo la celebración de elecciones libres e imparciales, señaló hoy Human Rights Watch. Los legisladores deberían rechazar los cambios constitucionales propuestos, los cuales contravienen los estándares internacionales de derechos humanos.
La iniciativa presidencial eliminaría varios controles establecidos para preservar la independencia de las dos autoridades nacionales que quedarían a cargo de la supervisión de todas las elecciones en el país. Se prevé que el Congreso debata y someta a votación la propuesta antes de que finalice el actual período de sesiones legislativas el 15 de diciembre de 2022.
‘Los cambios constitucionales propuestos por el presidente López Obrador facilitarían que cualquier partido que esté en el poder coopte las instituciones electorales del país para mantenerse en el poder’, manifestó Tyler Mattice, investigador para México de Human Rights Watch. “Considerando la larga historia de elecciones amañadas en México durante los más de 70 años de gobierno unipartidista, resulta sumamente alarmante que los legisladores consideren una propuesta tan regresiva que debilitaría la independencia de las autoridades electorales”.
La iniciativa eliminaría todos los organismos y tribunales electorales de orden estatal, que son las autoridades independientes que administran la mayoría de las elecciones estatales y locales, aplican las normas de campaña y resuelven controversias electorales. Sus responsabilidades se transferirían al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se convertirían en los únicos árbitros de todas las elecciones locales, estatales y nacionales en México.
También se cambiaría la forma en que se designa a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral, lo cual eliminaría las protecciones destinadas a asegurar su independencia del gobierno. La propuesta acortaría y unificaría los mandatos de los consejeros y magistrados electorales, de modo que todos los integrantes de ambos organismos electorales serían designados al mismo tiempo y en el mismo proceso, durante cada sexenio. Actualmente, estos funcionarios desempeñan mandatos escalonados de nueve años y son designados en distintos procesos de selección, realizados por diferentes funcionarios en diferentes años.
Al reducir la cantidad de autoridades responsables de administrar las elecciones y posibilitar el nombramiento de todos los funcionarios electorales al mismo tiempo, sería mucho más fácil que el gobierno influya en el proceso de selección, y ello debilitaría la independencia de las autoridades electorales, explicó Human Rights Watch.
El actual sistema electoral de México, que incluye numerosas salvaguardas para proteger la independencia de las autoridades electorales, es el resultado de décadas de reformas que comenzaron con la creación del Instituto Federal Electoral en 1990 y llevaron a que finalizara el unipartidismo en el año 2000. Durante la mayor parte del siglo XX, un solo partido político controló prácticamente todas las instituciones públicas en México.
El gobierno organizaba elecciones periódicas, que en general no eran consideradas ni libres ni imparciales, y casi siempre conseguía mantenerse en el poder.
La propuesta del presidente también eliminaría el mandato constitucional de que el Instituto Nacional Electoral, en lugar del gobierno, administre el padrón electoral. Durante la mayoría de los años del sistema unipartidista en México, el gobierno administró el padrón electoral.
La posibilidad de que ese registro pase a estar bajo el control del gobierno podría contravenir el derecho mexicano y los estándares internacionales sobre protección de datos personales. Dichos estándares prohíben a las organizaciones que tienen información personal, como nombres, fotografías y huellas dactilares, a compartirla sin el permiso expreso de las personas cuyos datos podrían transferirse.
Conforme al derecho internacional, y a fin de proteger el derecho de los ciudadanos a votar y participar en la conducción de los asuntos públicos, los Estados deben garantizar que exista una autoridad electoral independiente que pueda supervisar las elecciones de manera justa e imparcial. Si bien el derecho internacional no establece ningún sistema electoral en particular, los Estados no deben implementar medidas que podrían debilitar la independencia o la imparcialidad de las autoridades electorales.
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