En América Latina y el Caribe, más de 53 mil niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio, de acuerdo con un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El reporte advierte que la violencia continúa siendo una grave amenaza para la vida y el bienestar de la niñez en la región.
El documento, titulado Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones, detalla que entre 2015 y 2022 se registraron 53 mil 318 homicidios de menores de edad, lo que evidencia la persistencia de un problema estructural en diversos países de la región.
El estudio precisa que entre 2021 y 2022 la tasa de homicidios de mujeres jóvenes se duplicó, al alcanzar cinco muertes por cada 100 mil habitantes. En contraste, la tasa de homicidios entre adolescentes varones disminuyó de 17 a 10 muertes por cada 100 mil habitantes en el mismo periodo, aunque se mantiene en niveles elevados.
Violencia sistémica
La violencia letal, señala el informe, está estrechamente relacionada con el crimen organizado, el fácil acceso a armas de fuego, las desigualdades sociales y las normas de género nocivas. No obstante, el problema no se limita a los homicidios, ya que la violencia se manifiesta desde edades muy tempranas.
El documento advierte que seis de cada 10 menores de hasta 14 años sufren algún tipo de castigo violento en el hogar. Además, una de cada cuatro adolescentes ha experimentado acoso escolar, mientras que el abuso en entornos digitales continúa en aumento.
Fortalecer las políticas públicas
El director regional de Unicef, Roberto Benes, subrayó que la violencia afecta múltiples ámbitos de la vida de niñas, niños y adolescentes, desde el hogar hasta la escuela y la comunidad, y afirmó que la implementación de políticas públicas sostenidas puede revertir esta situación.
Por su parte, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, destacó el papel clave de los servicios de salud para identificar oportunamente a personas en riesgo y brindar atención y apoyo adecuados.
El informe propone soluciones basadas en evidencia, como el fortalecimiento de las leyes de protección a la infancia, el control del acceso a armas de fuego, la capacitación de docentes, policías y personal de salud, así como el apoyo a padres y cuidadores y la inversión en entornos educativos seguros.
La publicación fue validada durante una consulta ministerial regional realizada en octubre de 2025, con la participación de más de 300 funcionarios, representantes de la sociedad civil y organizaciones juveniles, con el objetivo de acordar acciones concretas para proteger a la niñez y adolescencia de la región.
Con información de ONU Noticias.
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