En conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gobierno de Puebla avanza con acciones claras en la digitalización de trámites para hacer estos procedimientos más eficaces, tener mecanismos de mayor confianza, terminar con la corrupción y que las y los poblanos ahorren tiempo y dinero.
Durante la ‘Presentación del diagnóstico y plan de implementación a la Secretaría de Administración’ por parte de la OCDE, el titular de dicha dependencia, Jesús Ramírez Díaz recordó que el gobernador Miguel Barbosa Huerta está comprometido con la política de digitalización, ya que es una parte fundamental para estar cerca del ciudadano y una muestra clara de cómo trabaja la actual administración.
Agregó que el gobierno estatal tiene voluntad política para ejecutar acciones en dicha materia con la finalidad de hacer más eficiente el ejercicio gubernamental.
El funcionario puntualizó que la administración estatal trabaja cabalmente para cumplir los objetivos de todas las recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Reduce gobierno estatal brechas con población en materia de digitalización: OCDE
En su intervención, Manuel Gerardo Flores, coordinador del Programa de Política Regulatoria para Latinoamérica OCDE, puntualizó que el gobierno de Puebla ha reducido las brechas con las y los poblanos en materia de digitalización para la realización de trámites. Por ello, destacó que la entidad es la primera en el país en cumplir con las recomendaciones de la organización en esta materia.
Comentó que, durante cuatro meses, la OCDE coadyuvará con la actual administración para que cumpla con el plan de implementación de mejora regulatoria y digitalización.
Recordó que hacer eficiente el ejercicio gubernamental es que exista una ventanilla empresarial digital con estándares OCDE, en donde las y los ciudadanos puedan llevar a cabo todos sus trámites sin necesidad de desplazarse y gastar de más.
En la reunión estuvieron presentes Laura Magdalena Zaydén Pavón, comisionada de Mejora Regulatoria, así como Adriana García Campos, analista de Políticas de la División de Política Regulatoria de la OCDE.
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