Las compras públicas son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones del gobierno y la provisión de bienes y servicios. A su vez, son vulnerables a prácticas corruptas como el desvío de recursos, el soborno y la colusión. Con el fin de identificar prácticas de riesgo de corrupción en las compras de la Administración Pública Federal, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presenta la nueva edición del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), una herramienta que ayuda a identificar, prevenir y reducir la corrupción en los procesos de compra.
En 2022, las instituciones públicas federales llevaron a cabo 174 mil 219 compras y gastaron más de 513 mil millones de pesos, monto que representa 9% del presupuesto programable ejercido ese año. Siete de cada 10 instituciones aumentaron su puntaje de riesgo en el IRC con respecto a 2021. En el Gobierno Federal, persisten las prácticas de contratación que obstaculizan la competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley.
¿Cuáles fueron las prácticas de riesgo en las compras públicas del Gobierno Federal durante 2022?
- Falta de competencia. Desde 2019 hay menos competencia económica en las compras públicas. En particular, 38% del monto gastado en compras públicas en 2022 se adjudicó directamente y 25% de los concursos realizados tuvieron tres participantes o menos.
- Falta de transparencia. Más de 13 mil adjudicaciones directas (16%) no contaron con el documento del contrato a disposición del público y poco más de dos mil licitaciones públicas (30%) estuvieron incompletas, es decir, incumplieron con la publicación de uno o más documentos.
- Asimismo, 4% de las compras públicas no contó con una liga funcional a Compranet, lo que impide conocer la información básica del proceso.
- Incumplimiento de la ley. 45% de las compras públicas de 2022 fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato. De hecho, 9% se cargaron en la plataforma entre uno y dos meses después de haber iniciado.
- Proveedores de riesgo. En 2022, las instituciones federales gastaron más de 107 millones de pesos en contratos con proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública. Además, 32% de este monto contratado fue a través de adjudicaciones directas y 64% se destinó a servicios de vigilancia.
El IRC también permite enfocarse en cada institución pública para entender las particularidades de contratación y los riesgos asociados a cada transacción.
¿Qué resultados arroja sobre las instituciones federales?
Entre 2021 y 2022 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 184 de 260 (71%) instituciones federales y disminuyó en 76 (28%).
La institución con mayor riesgo de corrupción fue Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Esta institución obtuvo un puntaje de 70 puntos en el IRC, 26 puntos más que el año anterior. 99% de sus compras públicas se realizaron a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
La institución que más incrementó su puntaje de riesgo fue la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz.
- Entre 2021 y 2022 pasó de 25 a 68 puntos en el IRC, sobre todo por la falta de competencia en compras de mantenimiento de bodegas y la adquisición de material pétreo para el Rompeolas Oeste, la obra más importante que se ha realizado en el puerto en varias décadas y parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue la institución con un menor puntaje de riesgo, el cual se explica por la publicación en tiempo y forma de sus procesos de contratación en la plataforma Compranet.
- Las compras del sector salud se posicionaron entre las menos competitivas. 74% del monto gastado en medicamentos fue adjudicado directamente. Destacan los casos de los Institutos Nacionales de Salud, particularmente el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) que obtuvieron puntajes superiores a 80 en el subíndice de competencia.
- Diconsa y Liconsa, empresas administradas por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), también se caracterizaron por la falta de competencia en sus compras. Diconsa gastó 19 mil 734 millones en compras públicas y 90% se adjudicó directamente. Por su parte, Liconsa obtuvo un puntaje de 85 en el subíndice de competencia, ya que licitó solo 18% del monto gastado en compras públicas.
Las compras públicas deben caracterizarse por ser íntegras, es decir, por garantizar un alto nivel de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. La Secretaría de la Función Pública está encargada de mejorar las prácticas de contratación y vigilar el gasto público. Dados los cambios recientes en la plataforma Compranet y las funciones de la Secretaría, la institución tiene una oportunidad para que el monitoreo de recursos incremente su alcance y efectividad, y los datos se transformen en inteligencia y acciones.
Con la finalidad de alcanzar este objetivo, el IMCO Propone:
- Fortalecer los procesos de compra consolidada de medicamentos e insumos farmacéuticos en el sector salud, particularmente en el nuevo IMSS Bienestar, para que la planeación se base en estimaciones de la demanda y esquemas que prioricen la competencia entre proveedores.
- Reformar el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) administrado por la Secretaría de la Función Pública para que cumpla la función de proporcionar información útil y oportuna a las instituciones contratantes.
- Modificar a través de una reforma legislativa la disposición que permite a las instituciones realizar adjudicaciones directas cuando se trate de bienes y servicios destinados a la comercialización directa.
El IMCO actualizó la herramienta de compras públicas en México que ofrece visualizaciones, series de tiempo e indicadores de riesgo de más de 800 mil contratos disponibles en Compranet.
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