Durante la cuarta reunión de trabajo con las madres y colectivos, el gobernador Alejandro Armenta reiteró su compromiso de mantener abiertas las puertas de su administración y de priorizar todos los casos. Refrendó el interés de su gestión de mantener un trabajo conjunto con los colectivos: “Ustedes no se cansan, y yo tampoco me voy a cansar de acompañarlas. Mi obligación moral es estar aquí, con ustedes, siempre”.
En Puebla, la búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una causa prioritaria para el gobierno estatal. Bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, se han establecido canales permanentes de diálogo con los colectivos de madres buscadoras, al consolidar un espacio de escucha activa, respeto y acción institucional.
El titular de la Comisión de Búsqueda, Juan Enrique Rivera Reyes, detalló que desde diciembre de 2024 se han registrado 427 personas desaparecidas, de las cuales se han localizado 371, mientras que 128 personas aún están pendientes de localizarse. De los casos resueltos, 73 corresponden a desapariciones de larga data, lo que confirma el enfoque integral del trabajo.
La Comisión ha realizado más de mil 300 búsquedas en campo, 10 mil 800 acciones de búsqueda en gabinete, y ha establecido colaboraciones con fiscalías de otros estados, incluye la Fiscalía General de la República, con quien se trabajó recientemente en el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, reportó la localización de mil 159 personas desde 2017 a la fecha, así como la mejora de herramientas digitales como el micrositio de identificación, donde familiares pueden consultar datos e imágenes para agilizar los procesos.
Durante su intervención, María Luisa Núñez, integrante de Voz de los Desaparecidos, reconoció la voluntad del gobierno de atender sus casos, pero señaló que la rotación constante de personal, la falta de experiencia y la lentitud en la respuesta limitan los avances.
El gobernador Armenta instruyó a su gabinete a preservar el personal capacitado, asegurar continuidad presupuestal y programar la próxima reunión con los colectivos en un mes, con el compromiso de evaluar avances y corregir fallas.
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