Machu Picchu es una de las joyas de la herencia inca en Perú y un foco vital de atracción turística con miles de visitas al días, enfrenta un paro indefinido.
La polémica se desató después de que el Gobierno peruano adjudicara a una empresa privada, Joinnus, la comercialización de entradas al recinto.
Los manifestantes consideran que esto supone una ‘privatización sistemática’ de la ciudadela inca y, por cuarto día consecutivo desde el pasado jueves, operadores turísticos y residentes mantuvieron cerrados sus negocios y bloquearon accesos en modo de protesta.
La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, aseguró este domingo que la paralización «es producto de unos pocos que quieren seguir sacando provecho» del patrimonio cultural «a través del mercado negro de los boletos».
Las actividades de los trenes que conducen al parque arqueológico también se suspendieron como precaución, provocando que cientos de turistas varados tuvieran que ser evacuados.
Machu Picchu es una de las joyas del turismo peruano, una industria económica clave que atrajo a alrededor de 4,5 millones de visitantes al país antes de la pandemia de coronavirus en 2020.
¿Qué piden los manifestantes?
Los manifestantes demandan que se anule el contrato con Joinnus y, tras unas negociaciones infructíferas entre los ministros de Cultura y Comercio Exterior y Turismo, el alcalde de Machu Picchu y el gobernador regional Werner Salcedo, declararon la ‘radicalización’ de la huelga este domingo.
Gran parte de las protestas se dirigen contra la ministra Urteaga, a quien responsabilizan de permitir la comercialización de entradas a Joinnus.
‘Ministra de Cultura, no alquiles Machu Picchu, alquila tu casa’, se leía en una de las pancartas portadas por los manifestantes.
También cuestionan ‘el cobro de una comisión del 3,9% por cada boleto vendido’ por parte de la empresa, según denunció un comunicado del colectivo popular Machu Picchu.
Urteaga negó que se esté privatizando la venta de entradas, defendió que ‘Machu Picchu es de todas las peruanas y peruanos’ y propuso una mesa de diálogo para encontrar una solución. También indicó que el Gobierno no se plantea rectificar la adjudicación a Joinnus.
La empresa Joinnus, por otra parte, dijo que se puso ‘a disposición’ del Ministerio de Cultura para el inicio de un nuevo proceso de selección si este lo considera conveniente y que había renunciado ‘voluntariamente a percibir la comisión variable por entrada por un lapso de seis meses’.
Pero estas declaraciones no parecen haber calmado a los manifestantes, quienes ahora esperan el desenlace de la mesa de diálogo que se llevará a cabo el martes 30 de enero.
Afecta al turismo
Cientos de turistas quedaron varados sin la posibilidad de acceder al recinto o regresar a su origen, provocando la intervención de las autoridades para reubicarlos.
Varios medios publicaron imágenes de turistas completando su recorrido a Machu Picchu a pie y bajo la lluvia.
Carlos González, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo, otro punto clave de acceso a las ruinas, cifró hasta en 1.800 el número de turistas que necesitaban ser evacuados.
La Defensoría de Pueblo en Perú ‘rechazó la toma de vías por parte de los manifestantes» e insistieron en que ‘todo reclamo debe ser canalizado por el diálogo’.
El derecho a la protesta ‘no faculta a manifestantes a impedir el libre tránsito ni a afectar los derechos de otras personas’, agregó.
Los cierres también perjudican a la economía local.
Cientos de turistas quedaron varados sin la posibilidad de acceder al recinto o regresar a su origen, provocando la intervención de las autoridades para reubicarlos.
Varios medios publicaron imágenes de turistas completando su recorrido a Machu Picchu a pie y bajo la lluvia.
Carlos González, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo, otro punto clave de acceso a las ruinas, cifró hasta en 1.800 el número de turistas que necesitaban ser evacuados.
La Defensoría de Pueblo en Perú ‘rechazó la toma de vías por parte de los manifestantes’ e insistieron en que ‘todo reclamo debe ser canalizado por el diálogo’.
El derecho a la protesta ‘no faculta a manifestantes a impedir el libre tránsito ni a afectar los derechos de otras personas’, agregó.
Con información de Agencias
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