El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos es una obligación de todas las autoridades y aseguró que su administración deberá respetar, proteger y garantizar las libertades de las personas conforme a la Constitución mexicana.
Durante la develación de la placa conmemorativa por el 33.er aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP), el mandatario sostuvo que las instituciones deben actuar con apego a la legalidad para evitar que las garantías constitucionales queden sin aplicación.
“Estamos convencidos de que un gobierno democrático cumple con sus obligaciones mediante el ejercicio de los derechos; un gobierno tirano y dictatorial los vulnera”, expresó Alejandro Armenta.
El gobernador explicó que el Plan Estatal de Desarrollo, con horizonte a 2030, contempla la construcción de un Estado moderno que permita a las personas ejercer plenamente sus derechos y acceder a mejores condiciones para su desarrollo.
Añadió que la estrategia considera tres ejes: seguridad, justicia y riqueza comunitaria, mediante la coordinación con los poderes Legislativo y Judicial, así como con los organismos autónomos, para ampliar las oportunidades y distribuir de forma más equitativa los beneficios del desarrollo.
Armenta Mier señaló que la bioética social orienta el Plan Estatal de Desarrollo y consideró que las recomendaciones de los organismos defensores de derechos humanos deben asumirse como oportunidades para corregir prácticas y fortalecer el desempeño institucional.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, señaló que el organismo busca colocar a las personas en el centro de sus decisiones y funcionar como un puente entre la ciudadanía y las autoridades.
“El poder público existe para servir a las personas, no para estar por encima de ellas; su verdadera misión es contribuir a una sociedad donde el respeto a la dignidad humana sea una práctica cotidiana”, afirmó Rosa Isela Sánchez.
La ombudsperson recordó que la Comisión estatal inició funciones el 6 de septiembre de 1993 y sostuvo que una institución defensora de derechos humanos no se construye únicamente con leyes, oficinas o documentos, sino con personal que escucha, acompaña, investiga y atiende a quienes necesitan protección.
Finalmente, Sánchez Soya llamó a las autoridades a entender las recomendaciones de la CDHP como instrumentos para corregir actuaciones, mejorar procedimientos y fortalecer a las instituciones públicas.
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